El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, ordenó ayer al servicio de inspección de este organismo que investigue la actuación de los magistrados de la sección tercera de la Audiencia Nacional que excarcelaron en junio del 2002 al jefe del 11-M, Allekema Lamari, a pesar de haber sido condenado a 14 años de prisión. Lamari se suicidó en Leganés junto a seis terroristas más.
El Tribunal Supremo, que también está presidido por Francisco Hernando, descargó ayer la responsabilidad de esa liberación en los jueces de la Audiencia Nacional. Lamari fue detenido en 1997 en Valencia y condenado como miembro del Grupo Islámico Armado (GIA) argelino, el 26 de junio del 2001. El alto tribunal revisó esa sentencia el 7 de junio del 2002 y rebajó la condena a 9 años, pero tardó mes y medio en notificarlo a la Audiencia Nacional.
Por su parte, la Audiencia acordó liberar a Lamari el 9 de abril del 2002, día en que se cumplían cinco años de su ingreso en prisión. No obstante, la excarcelación no se ejecutó hasta el 29 de junio porque los jueces le computaron las dilaciones indebidas suscitadas en el proceso. Por eso, cuando el Supremo comunicó su decisión a la Audiencia, el 24 de julio del 2002, Lamari ya estaba en paradero desconocido.
LOS PLAZOS LEGALES No obstante, el Tribunal Supremo descartó ayer toda responsabilidad en esa excarcelación, a pesar de su tardanza, ya que realizó otra interpretación sobre los plazos legales de prisión preventiva. La Audiencia Nacional considera que se debe liberar a las personas que han cumplido la mitad de la pena principal cuando la sentencia no es firme. Por su parte, el Supremo entiende que ese cálculo se debe realizar sobre el total de la pena impuesta. Por ello, el alto tribunal considera que Lamari debía haber cumplido un mínimo de siete años para recuperar la libertad y no cinco como dictó la Audiencia Nacional.
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, abrió ayer una investigación sobre estos hechos. La presidenta de la comisión disciplinaria del Consejo del Poder Judicial, Montserrat Comas, pidió al servicio de inspección de este organismo y a la Audiencia que le remitan las conclusiones de sus investigaciones y examinará el tema el miércoles.
LOS CONTACTOS Mientras, fuentes de la investigación informaron ayer de que Lamari envió un giro postal de 150 euros a Abdelkrim Bensamail, uno de los presos terroristas del GIA a los que se considera miembro de la nueva célula desarticulada esta semana, que iba a volar la Audiencia Nacional. El envío se realizó el 6 de marzo, sólo cinco días antes de la masacre de Madrid.
Ese documento ha sido localizado por la policía en el registro que ha efectuado en la celda del preso en la cárcel de Villabona (Asturias) y confirma la relación de los autores de la masacre del 11-M en Madrid con los nuevos detenidos. En esta célula también estaban implicados otros dos miembros del GIA, detenidos con Lamari en 1997.
