El pleno del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por unanimidad un informe sobre el anteproyecto de Ley de seguridad ciudadana que considera que los términos de justificación de la intervención de los poderes públicos son "excesivamente amplios" y recomienda "adecuarlos a los límites constitucionales del concepto de seguridad ciudadana". El CGPJ también cree "excesivamente amplio" el deber de denuncia que establece el anteproyecto y considera "más adecuado" circunscribirlo en hechos "que supongan una perturbación cierta de la seguridad ciudadana", sin que haya suficiente con "la mera sospecha o la posibilidad".

El informe, redactado por los ponentes Wenceslao Olea y Victoria Cinto, ha sido aprobado por unanimidad pero incorpora cuatro votos particulares concurrentes -es decir, que están de acuerdo con el informe pero que solicitan una modificación o añadido-. Uno de estos es del vocal Enrique Lucas y se añade la vocal y exdiputada de CiU Mercè Pigem, y otro de la vocal Concepción Sáez.

Concretamente, el CGPJ ve trazas de inconstitucionalidad en las instalaciones de controles en lugares públicos, en la denegación de pasaporte en estados de alarma, excepción y asedio, y ve también "desproporcionado" que se tipifique como falta la pérdida reiterada del DNI.

En cuanto a los controles a personas cuando exista "indicios de infracción", el CGPJ estipula que las fuerzas de seguridad tendrían que estar obligadas a informar de manera "inmediata" sobre las razones de la identificación o la subsiguiente retención.

Los miembros del CGPJ también consideran inconstitucional que el ejecutivo español pueda denegar el pasaporte a los ciudadanos en estados de alarma, excepción o asedio. Tampoco aprueban que los vigilantes de seguridad puedan ayudar a disolver manifestaciones.