La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se ha remitido ante el tribunal que la juzga por el 'caso Máster' al fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde para asegurar que cursó el máster que se publicó que le había sido regalado, ya que fue él quien se lo explicó, le permitió no asistir a clase por estar trabajando y a quien le enviaba a través de sus asesores o su hermana, que trabajaba en el Universidad Rey Juan Carlos, sus trabajos en papel, que no conserva en ningún formato.
De esta forma, Cifuentes negaba también haber hecho que se presionara a nadie para que se falsificara el acta de su trabajo de fin de curso, porque no sabía ni que existía, así que cuando salió al paso de la noticia e Eldiario.es que le acusaba de que se había regalado la titulación por la Universidad Rey Juan Carlos, solo reclamó el título, la certificación de sus notas y la matrícula. Aseguró que pecó de "buena fe" al darlo por bueno tras recibirlo del réctor y que de haberlo sabido falsificado nunca se lo habría entregado a los medios ni expuesto en el vídeo en el que anunciaba que seguiría siendo presidenta madrileña, pese a la noticia.
De esta forma trató de negar la explicación de la primera acusada, la profesora Cecilia Rosado, que le dejó una difícil papeleta, al asegurar que recibió presiones de su jefe, Enrique Álvarez Conde, y de la también acusado María Teresa Feito que le llevaron a falsificar el acta del trabajo de fin de curso, necesario para que conste como cursado el máster.
Cambio de prioridades
Según Cifuentes, el orden de prioridades de su vida cambió al ser nombrada delegada del Gobierno y el máster dejó de ser prioritario. Por eso lo cursó en 2012, se le dijo verbalmente que había sido aprobada, pero no recuerda las notas, y no pidió el título hasta 2014. cuando se empezó a exponer públicamente los currículos de los cargos públicos. A recogerlo fue con Feito.
Al comenzar el juicio, la defensa de la expresidenta, ejercida por José Antono Choclán, presentó una agenda de cuando era delegada el Gobierno de Madrid, en el que consta una cita para defender los estudios del máster en Derecho Autonómico y Local del Instituto de Derecho Público, asociado a la Universidad Rey Juan Carlos. Explicó que lo hizo de "forma informal" ante personas que supone que eran profesores del máster, pero no conocía, porque nunca fue a clase. Según su versión, ni tuvo que leer el trabajo y fue un acto "informal" en una pequeña sala de juntas.
La fiscal Pilar Santos Echevarría trató de preguntarle por qué había tardado dos años en presentar ese documento que puede resultar tan beneficioso para su defensa, pero el presidente del tribunal, Luis Carlos Pelluz, lo impidió, al entender que entra dentro de su derecho de defensa. En esta sesión, a diferencia de la anterior, el magistrado intervino mucho más para tratar de evitar que las preguntas y las respuestas se extendieran por asuntos ajenos al objeto del juicio.
