Ada Colau y Carles Puigdemont han llegado a un acuerdo para que el 1-O se pueda votar en Barcelona en el referéndum sobre la independencia de Cataluña. La alcaldesa de Barcelona lo ha anunciado a través de su cuenta de Twitter, dejando claro que el pacto respeta las líneas rojas fijadas por los 'comuns': no poner en riesgo a la institución ni a los funcionarios. El 'president' se ha congratulado del entente.

El Ayuntamiento de Barcelona anunció el pasado viernes que había suspendido la cesión de locales municipales para el referéndum unilateral del 1-O. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, expuso entonces que, a raíz de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de la ley del referéndum, el consistorio había frenado la búsqueda de equipamientos que había iniciado tras la petición por escrito del 'president'.

Según Pisarello, el equipo de Colau había explorado ya la disponibilidad de algunos locales públicos, tarea que ha interrumpido tras la suspensión del TC. El ayuntamiento había solicitado al Govern que le aclarara por escrito cómo organizará el 1-O y qué espera del consistorio barcelonés, ganando un poco más de tiempo, ya que Puigdemont había pedido a los alcaldes que aclararan antes del domingo si cedían o no colegios electorales.

Colau había dicho por activa y por pasiva que estaba dispuesta a facilitar la consulta siempre que no se pusiera en riesgo a los funcionarios. Un requisito de difícil cumplimiento en el actual contexto y que había vuelto a reiterar en la carta dirigida al 'president'. "Por este motivo, les solicito nos informe de cuáles son las actuaciones que tienen previstas, dadas las nuevas circunstancias".

Informe del secretario del Ayuntamiento

La noticia se ha conocido minutos después de que se hiciera público el informe del secretario del Ayuntamiento de Barcelona sobre la posibilidad de ceder locales públicos para la celebración del referéndum. Según el dictamen de este trabajador municipal, la alcaldesa debe acatar los designios del Tribunal Constitucional si no quiere hacer frente a "responsabilidades, incluida la penal".

El informe, de 15 páginas, al que ha tenido acceso este diario, fue solicitado por el gobierno de Colau el pasado 7 de septiembre tras recibir una carta de Puigdemont y del vicepresidente, Oriol Junqueras, en la que solicitaban al consistorio (mandaron la misma misiva a todos los ayuntamientos catalanes) que abriera los mismos colegios electorales que se usaron para las últimas elecciones autonómicas.