La Sección 23 de la Audiencia de Madrid va a inaugurar la nueva etapa tras la pandemia del coronavirus con el primer juicio que se celebra por malas prácticas policiales durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Se trata del relativo a la introducción irregular de un 'pendrive' en el 'caso Pujol', en lo que parece una muestra de actuaciones cuando menos cuestionables realizadas por la Policía en relación con Cataluña. En el banquillo de los acusados se sientan el exnúmero dos del cuerpo Eugenio Pino y su subordinado, el inspector Bonifacio Díez Sevillano.

La voz de alarma la dio el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata al sospechar del origen de un 'pendrive' aportado a la causa en la que investiga a la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Consideró que podía ser constitutivo de un delito de prevaricación, fraude procesal y falso testimonio, y lo remitió a los juzgados de Madrid. La causa siguió adelante, pese a que la fiscalía pidió su archivo al entender que no había indicios suficientes contra los acusados.

La acusación popular que ejerce Podemos, en cambio, cree que sí y solicita 10 años y medio de cárcel por estafa procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos. Pino, además, también está imputado en el 'caso Tándem', cuyo principal encausado es el excomisario José Manuel Villarejo, por su presunta responsabilidad en la llamada operación Kitchen, en la que se investiga si se vigiló al extesorero del PP Luis Bárcenas para conocer los datos de los que disponía contra el partido. Este miércoles está previsto que el polémico excomisario declare como testigo en el juicio que se prevé que se extienda hasta el viernes.

Revelación para Pujol

También lo hará Jordi Pujol Ferrusola, personado como víctima, que solicita dos años y medio de cárcel para Pino y otros tantos para Díaz Sevillano por descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público.

Podemos no tiene dudas de que tanto Pino como Díaz Sevillano, "actuando de manera concertada y prevaliéndose de su posición jerárquica y organizativa en la dirección adjunta operativa de la Policía, facilitaron a la UDEF un dispositivo electrónico con documentación propiedad de Jordi Pujol Ferrusola indicando un origen de la documentación falso, desconociéndose en la actualidad el real".

"Hacer trampas"

El juez del 'caso Pujol' entendió que existía "un riesgo relevante, como consecuencia directa de instrucciones impartidas" por Pino y materializadas por el fue su asesor personal en la dirección adjunta operativa "de que documentos de origen desconocido terminaran contaminando" el 'caso Pujol'.

Para De la Mata, su introducción a través de la UDEF en un procedimiento que lleva investigándose desde el 2012, cuando Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, denunció que llevaba dinero a Andorra y que ella le había acompañado, suponía "hacer trampas", prohibidas, "singularmente, a los poderes públicos y agentes de la autoridad".