El Pleno del Congreso ha convalidado hoy el Real Decreto-ley de reforma en materia de infraestructuras y transportes y otras medidas económicas para reactivar el crecimiento económico y la creación de empleo, con el rechazo de la oposición que lo ha calificado de "engendro, poupurrí o cajón de sastre".

El Real Decreto-ley 1/2014 modifica la Ley de 2003 del Sector Ferroviario para dar rango de ley a los aspectos de seguridad ferroviaria más importantes; así como las Directivas europeas sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias, sobre la aplicación de cánones por su utilización y sobre certificación de seguridad.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha explicado que el Decreto ley permitirá determinar la identidad de la autoridad responsable de seguridad, los aspectos que integran la seguridad ferroviaria y la definición de los certificados de seguridad que han de tener las empresas.

Además, Pastor ha destacado que da luz verde a la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y a la figura del Coordinador Nacional de Slots, formado por Aena y las compañías aéreas, para regular "de forma transparente y no discriminatoria" la concesión de permisos de vuelos en los aeropuertos, potestad que hasta ahora tenía la empresa pública.

El Decreto-ley introduce también modificaciones puntuales en el régimen de las subvenciones al transporte regular de pasajeros residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y determina que aeropuertos están en una misma área de influencia para favorecer el tráfico aéreo y de pasajeros, según la ministra.

En cuanto a la navegación marítima, modifica la tasas de navegación para lograr que la sociedad SASEMAR alcance el equilibrio presupuestario e introduce cambios en la conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión para evitar que el Estado acabe asumiendo dos veces el pago de las expropiaciones.

Pastor ha explicado también que prolonga el Plan PIVE de ayudas para la compra de automóviles, con la puesta en marcha de la quinta convocatoria del programa y que reduce del 21 al 10 % el impuesto sobre el Valor Añadido de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, entre otros.

Desde el grupo parlamentario socialista, el portavoz de Fomento, Rafael Simancas, ha calificado el nuevo Decreto-ley de "engendro en fondo y forma" y ha criticado que "en tan sólo 19 páginas se modifiquen 12 leyes".

Simancas ha rechazado la "liberalización de las empresas ferroviarias" y ha recordado al Gobierno que "en otros países se está reforzando el servicio público", además de pedir que la reducción del IVA se amplíe a otros sectores de la cultura.

Una opinión compartida por otros grupos de la oposición, que han calificado esta medida de "elitista", mientras coincidían en señalar que el Decreto-ley es apresurado.

Un aspecto que ha rechazado el diputado popular, Andrés Ayala, que ha defendido que la situación económica actual "en la que nos metió el Gobierno del PSOE justifica la urgencia de la tramitación de este Decreto-ley".

Varios grupos parlamentarios solicitaron que se votara que este Decreto-ley fuera tramitado como proyecto de Ley, pera la iniciativa no prosperó en la votación.