Por primera vez desde que Mariano Rajoy es presidente, el Congreso tendrá fuerza para exigirle que incluya en los presupuestos del Estado una partida que dote económicamente a la ley de la memoria histórica. La oposición lo lleva intentando desde el 2012, pero todas las iniciativas fueron aplastadas por el rodillo de la mayoría absoluta del PP.

Ahora los partidos pueden imponerse y, según ha podido constatar este diario, existe el consenso suficiente para que las enmiendas que ya preparan socialistas y Unidos Podemos sean aprobadas y, por lo tanto, se reactive una norma que los populares habían dejado en la cuneta.

El PSOE y Podemos tienen previsto presentar esas iniciativas en cuanto se den a conocer los Presupuestos del 2017. Los socialistas reclaman tres millones para la exhumación de víctimas del régimen de Franco, de cuya muerte se cumplen hoy 41 años. Unidos Podemos, seis (tres para transferir a las autonomías y otros tres de ayudas a las familias que pidan identificar cuerpos). Esquerra, Partit Demòcrata Català, PNV, Compromís y EH Bildu están a favor. Ciudadanos todavía no se ha pronunciado y prefiere constatar antes si Rajoy decide, por sorpresa, incluir este mismo año financiación para la ley, que fue aprobada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2007. Pero aun con los votos en contra de los populares y de la formación naranja, el resto de grupos sumarían apoyos suficientes para que la enmienda saliese adelante.

Oposición y expertos coinciden en que el presupuesto se debería destinar al capítulo más urgente que ha quedado por completar: la exhumación de cadáveres de la guerra civil y el franquismo. Los especialistas calculan que en España hay más de 114.000 víctimas en fosas comunes sin identificar, puesto que solo se ha avanzado gracias al trabajo altruista de las asociaciones de víctimas.

Fuentes socialistas han indicado que su enmienda solicitará tres millones para las exhumaciones. Como se trata de una negociación presupuestaria, si la partida se incluye en las cuentas generales del Estado, el Gobierno no tendrá derecho a veto por aumento del gasto, un eximente que sí ha argüido para rechazar otras propuestas aprobadas por la oposición en lo que va de legislatura.

La iniciativa es de gran valor simbólico, pues ha sido uno de los grandes caballos de batalla de la oposición desde que Rajoy llegó a la Moncloa, en el 2011, y por el impacto emocional en las familias de los desaparecidos. Ya en la campaña electoral prometió vaciar de presupuesto la ley de Zapatero y llegó a jactarse de ello en esferas internacionales. El pasado septiembre, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, criticó la exhumación de los restos de los generales Mola y Sanjurjo y señaló que «algunos pretenden ganar la guerra civil 40 años después».

El tono de desdén hacia las víctimas ha sido la tónica general del Gobierno de Rajoy. En el 2012, su primer presupuesto, redujo un 60% la aportación, que pasó de 6,2 millones a 2,5, y a partir de 2013 no incluyó ni un euro en las cuentas anuales, lo que ha imposibilitado la aplicación de una ley que ni siquiera en etapa socialista tuvo asignada suficiente cuantía para llevar a cabo las actuaciones que dispone.

El hachazo del Ejecutivo del PP fue de tal envergadura que llevó incluso a eliminar la subvención de 45.000 euros que recibía la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que desde entonces ha sobrevivido en gran parte gracias al apoyo de un sindicato noruego de electricistas y a la dotación de un premio concedido por la Brigada Abraham Lincoln en defensa de los derechos humanos. Sin presupuesto, ha desenterrado e identificado a varios centenares de cuerpos gracias al trabajo desinteresado de arqueólogos y forenses que han dedicado sus vacaciones a recuperar cadáveres de fosas comunes.

En el PSOE se muestran esperanzados de que esta vez la fuerza de la oposición consiga forzar a los populares. Podemos insiste en la urgencia de acelerar las exhumaciones, puesto que buena parte de los descendientes de las víctimas, que pueden reclamar los restos, cuentan ya con una edad avanzada y si no se actúa pronto, nadie podrá recordar ya algunos nombres.

Los podemistas denuncian que en España ni siquiera existe un protocolo general de cómo actuar en las exhumaciones. Recuerdan que cuando se descubre una fosa se debería personar un juez, levantar el cadáver e iniciar el procedimiento judicial para determinar las causas de la muerte. En la práctica, se determina que el delito ha prescrito y la justicia suele archivar la causa. La excepción, el trabajo impulsado por el exmagistrado Baltasar Garzón.