Los cuatro diputados en prisión preventiva que fueron suspendidos de derechos y deberes en el Congreso no cobrarán un euro, no podrán adscribirse a ninguna comisión ni subcomisión, no podrán votar ni presentar iniciativas y pasarán a formar parte del Grupo Mixto. Sin embargo, computarán para la mayoría absoluta, porque, como subraya el informe de los servicios jurídicos de la Cámara que la Mesa aprobó ayer, los suspendidos no dejan de ser miembros del Congreso. El arco parlamentario sigue en 350 escaños y la mayoría absoluta, en 176.

El texto que los nueve integrantes de la Mesa votaron en su conjunto (solo hubo una discrepancia, de Unidas Podemos) niega a los diputados suspendidos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull las retribuciones que les corresponderían durante los días previos a la tramitación del acta. Los parlamentarios electos en las urnas el 28 de abril generan derecho a cobrar su asignación constitucional desde el día de las elecciones aunque no formalicen su condición de diputados hasta el día de la constitución de la Cámara.

«La Mesa podría no autorizar el abono de las percepciones económicas que habrían correspondido a los citados diputados, teniendo en cuenta que al haberse declarado automáticamente suspendidos en sus derechos, y mientras esta suspensión se mantenga, aquellos no han llegado a desplegar sus efectos», arguyeron los letrados.

El 30 de mayo, la Mesa autorizó la tramitación de las nóminas de ese mes -en las que se incluye también la parte proporcional de los días que mediaron entre el 28 y 30 de abril- de todos los diputados salvo de los cuatro suspendidos, a la espera de conocer el informe jurídico. Y en aplicación del mismo, ayer acordó que no cobren ni un euro y que, mientras sigan suspendidos, se les dé de baja en la cobertura de protección social con cargo al presupuesto de la Cámara, así como en la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales.

En paralelo, la Mesa del Congreso inició ayer los trámites de control al Gobierno pese a estar en funciones. Durante los meses de bloqueo tras las elecciones generales del 2015, el Ejecutivo de Mariano Rajoy rechazó someterse al control parlamentario alegando que se encontraba en funciones. La oposición recurrió y el Tribunal Constitucional dejó en manos de la Mesa la posibilidad de convocar sesiones de control en periodos transitorios como el actual. De momento, la Cámara tramita ya preguntas escritas para los ministros, y PP y Cs urgen a convocar ya las comisiones.