La Fiscalía General del Estado recibió el viernes una denuncia para ilegalizar a la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) por apoyar el 1-O y «propiciar la violencia para alcanzar sus objetivos». El ministerio público archivó la querella, pero algunos sectores del PP sí consideran que la solución al conflicto territorial pasa por dejar fuera de la arena política a los secesionistas, con el argumento de que defienden postulados contrarios a la unidad de España y al ordenamiento jurídico.

El primero en proponerlo, «a título personal», poco antes de que Mariano Rajoy convocara elecciones el 21 de diciembre, fue el vicesecretario de comunicación del Partido Popular (PP), Pablo Casado. El líder de este partido en Cataluña, Xavier García Albiol, recogió el guante, precisando que solo prohibiría los «programas electorales» independentistas y no los partidos, a través de una reforma de la ley electoral.

Pero sus planteamientos chocan frontalmente con la legislación actual, hasta el punto de que tanto el Gobierno como la dirección del PP se han desmarcado de sus postulados y de forma oficial nadie ha expresado dudas de que Esquerra Republicana (ERC), el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) o la CUP concurran a los próximos comicios.

Tanto la Constitución como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) dejan claro que España no es una democracia de las llamadas «militantes», al estilo alemán, que prohíbe los partidos contrarios a la democracia, por su experiencia con el nazismo. La ley fundamental española defiende la pluralidad política y la legislación que emana de ella establece que solo se pueden prohibir comportamientos o actividades que, por medios violentos o antidemocráticos, vulneren la ley de leyes. Además, se requiere que los hechos sean graves, continuados y sistemáticos. Con esta doctrina, Batasuna fue ilegalizada por «dar apoyo explícito o tácito al terrorismo», según recuerda Francesc Vallès, profesor de Derecho Constitucional.

«Ser independentista o republicano siempre que se defienda a través de los procedimientos democráticos y parlamentarios es plenamente constitucional, puesto que no se está atentando contra los derechos y libertades, ni contra los valores constitucionales, ni contra la democracia, sino que es una apuesta por una forma de gobierno y una estructura territorial distinta», dice.

Para ilegalizar a los secesionistas no solo habría que modificar la ley de partidos, fórmula propuesta por Casado, sino reformar la propia Constitución.

Aunque el PP se viera tentado a dar ese paso, aprovechando la comisión impulsada por el PSOE en el Congreso, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el «mantenimiento» y no la prohibición de las formaciones políticas, según advierte Mercedes Iglesias Bárez, autora del libro La ilegalización de partidos en el ordenamiento español.

En opinión de Iglesias Bárez, solo si el comportamiento de los secesionistas fuera «violento o de continuación de las actuaciones antidemocráticas», el escenario «sería otro y se podría iniciar el proceso de ilegalización». El penalista Joan Queralt opina, en cambio, que si el PP se empeña en el cambio («es la única manera que tienen ganar en Cataluña», sostiene) lo hará sin preocuparle «si es democrático o no».