El Gobierno aceptó ayer consultar al Tribunal Constitucional sobre la compatibilidad de las constituciones europea y española antes de convocar el referendo sobre la Euroconstitución, tal como reclamaban el PP e IU. El acuerdo se produjo mediante conversación telefónica entre la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el líder del PP, Mariano Rajoy. El Gobierno comunicó después a IU que pedirá un informe al alto Tribunal este viernes.

El Ejecutivo quiso zanjar así la polémica surgida este fin de semana, alimentada por el empeño del PP en que el alto Tribunal se pronunciase antes de que lo haga el pueblo español. La capitulación del Gobierno pretende evitar que la ciudadanía caiga en una confusión que podría alimentar la abstención en el referendo.

No obstante, fuentes del Ejecutivo aclararon que la consulta no interfiere en la convocatoria del referendo del 20 de febrero, ya que el Constitucional se pronunciará sobre la necesidad de reformar o no la Carta Magna para que integre el Tratado europeo; mientras que la ciudadanía se limitará a aprobar o rechazar la decisión del Gobierno de suscribir la Euroconstitución.

CONSULTA PREVISTA El Gobierno siempre tuvo intención de consultar al Constitucional las posibles incompatibilidades entre ambas constituciones, tal como recomendó el Consejo de Estado, recordaron ayer fuentes del Ejecutivo. Pero no veía la necesidad de hacerlo antes del referendo. El alto Tribunal tiene un mes para responder al Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Justicia explicaron que, si el Constitucional estima que hace falta reformar la Carta Magna para recoger la Constitución Europea, esa reforma se puede aprobar por el procedimiento simple, que no requiere la disolución de las Cortes ni la convocatoria de referendo.