Como el lunes anunció Zapatero, el Consejo de Ministros debatió ayer una reforma penal orientada a combatir el tráfico y mal uso de explosivos. Un nuevo artículo del Código Penal permitirá castigar con entre seis meses y tres años de cárcel, fuertes multas e inhabilitación a "los responsables de la vigilancia, control y utilización de explosivos que puedan causar estragos y que, contraviniendo la normativa, dieran lugar a su pérdida o sustracción".
