Parecía que con la abdicación de Juan Carlos I y su sustitución por Felipe VI en junio del 2014, el debate sobre monarquía o república se había aplacado en España y que, salvo por los ataques del sector independentista catalán, la institución monárquica había pasado a sobrevivir en un cierto estadio de calma. A la sociedad española le ocupaban otros asuntos más urgentes, la crisis económica y sus consecuencias en el empobrecimiento de las capas populares y las clases medias o las propias tensiones soberanistas de Cataluña, entre ellas.
Ahora, cuando aparecen noticias sobre la fortuna que el rey emérito ha atesorado en paraísos fiscales, que hacen que la Corona se tambalee, la preocupación de la ciudadanía es también otra mucho más importante: la lucha contra la pandemia del coronavirus y el excepcional estado de alarma que nos tiene confinados en casa. Evitar el contagio del covid-19 es, sin duda, más acuciante que las consecuencias que pueden tener aquellas actuaciones de Juan Carlos que no estuvieran "en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad (...) que deben informar la actividad de la Corona", por utilizar el lenguaje del comunicado que el domingo emitió el rey Felipe.
Hay varios aspectos de esa nota de repudio que son significativos. El primero, el intento del actual Monarca de protegerse de la contaminación que le podrían causar los negocios que su padre tiene en el extranjero, renunciando en su nombre y en el de la Princesa de Asturias a toda herencia menos la Corona, y retirándole la asignación anual que aún tenía Juan Carlos de la Casa del Rey. No menos importante es que el comunicado de Felipe VI viene a confirmar lo que aún estaba solo en fase de sospecha y de investigación judicial, es decir, que su progenitor es titular de cuentas millonarias en el extranjero, que en ningún caso han podido nutrirse con la asignación que recibía como jefe del Estado.
Es un asunto de mucha gravedad que no solo afecta a la institución monárquica y perjudica a su actual titular, sino que daña también la estabilidad general del país y da pábulo a las críticas del populismo de todo signo contra las instituciones del Estado y quienes los representan. El periodista José Antonio Zarzalejos, monárquico confeso, escribía este lunes que Juan Carlos debería exiliarse en un país europeo donde no pueda sustraerse a la justicia española. Pero muchos constitucionalistas insisten en que la justicia no puede actuar contra el rey emérito porque era inviolable, por el artículo 56.3 de la Constitución, en el momento en que constituyó esos fondos en el extranjero, ya que entonces ejercía la jefatura del Estado.
Tenga o no que dar cuentas ante la justicia, las informaciones sobre los negocios del monarca emérito, ratificadas en el comunicado del domingo, tendrán, sin embargo, consecuencias en el debate político español. Seguramente no tanto, todavía, como para que se produzca un cambio de monarquía por república ni PP ni PSOE estarán en eso, pero sí lo suficiente como para acaparar una buena parte del debate una vez que se venza al coronavirus y se vuelva a la normalidad democrática. Sea eso cuando sea.
