Nadie habría imaginado hace solo seis semanas la nueva vida a la que los españoles se han tenido que acostumbrar. De sopetón todo ha cambiado por el covid-19. Las escuelas y los parques infantiles están vacíos; la mayoría de los comercios, cerrados; los hospitales, llenos, y las pocas personas que andan por la calle se miran de reojo mientras se ajustan los guantes y respiran bajo una mascarilla. Pero en esta España inédita, con una crisis sanitaria y unos datos económicos desgarradores, hay una cosa que no ha cambiado: la bronca política.

Pedro Sánchez empezó hace 10 días a defender la necesidad de forjar unos nuevos acuerdos, similares a los Pactos de la Moncloa de 1977, para hacer frente al reto político, económico y social que plantea esta pandemia. El presidente del Gobierno (un Gobierno de coalición y en minoría parlamentaria) tendió la mano a la oposición después de tres semanas en las que tomó decisiones de forma unilateral sin consultárselas al jefe de la oposición, Pablo Casado (PP), y tampoco a sus socios de investidura (ERC y PNV, entre otros). Las formas han molestado especialmente en la sede conservadora, donde están dispuestos a marcar perfil y afear a Sánchez su arrogancia. En el gabinete de Casado subrayan que el jefe del Ejecutivo no es merecedor de respeto y que solo busca una fotografía, ya que, al menos hasta ahora, no ha esbozado ni siquiera mínimamente los contenidos de esos supuestos pactos.

La amenaza global del virus, que llega acompañada cada día con advertencias de los organismos internacionales sobre una recesión económica de vértigo, índices de paro desbocados y sectores enteros obligados a la reconversión, no ha reblandecido a unos líderes políticos que parecen entretenidos en las disputas de siempre, en unos parámetros que ya están caducados. El coronavirus, según el sondeo del Centro de Investigaciones Sociales (CIS), conocido este miércoles, ocupa ya el primer lugar en la lista de preocupaciones de los españoles, desplazando a la histórica primera inquietud: el paro y la situación económica. Además, el 91,4% de los ciudadanos desean que, cuando se supere la pandemia, se haga un esfuerzo especial para afrontar la crisis mediante grandes acuerdos. Solo un 6,2% quiere que cada partido plantee sus propias iniciativas. ¿Sienten confianza los españoles en Sánchez para hacer frente a este desafío? El 47,8% tiene poca o ninguna confianza en el Gobierno y el 46,5% responde que bastante o mucha. España, dividida, polarizada.

El "pulso" del virus

Casado parece querer echar un pulso, pero el que nos está echando el pulso a todos es el virus, advierten fuentes parlamentarias socialistas. El PP está en un escenario cortoplacista difícil de entender, añaden esas fuentes antes de justificar que, si en algunos momentos no se ha facilitado información a la oposición, ha sido por la necesidad de legislar al minuto para frenar los contagios. El efecto de arrastre de Vox sobre Casado sigue siendo clave, admite una exministra del Gobierno de Mariano Rajoy. Y la ultraderecha está cargando contra el Ejecutivo de coalición sin medida a la vez que pide su dimisión. Por ahora, solo Ciudadanos se ha mostrado proactivo en la necesidad de alcanzar un pacto de reconstrucción. Los partidos nacionalistas e independentistas temen que sea la excusa para la recentralización de competencias.

Junto con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por los riesgos de un desconfinamiento precipitado, Sánchez lidia cada día con llamadas de gobiernos europeos interesados en que algunas de sus empresas más punteras, con sucursales en España, abran cuanto antes para volver a producir. La presión es especialmente intensa en el sector automovilístico, aseguran fuentes diplomáticas. Pero la posible reanudación de la mayor parte del tejido productivo debe ir aparejada con una protección adecuada de los trabajadores que, en estos momentos, el Ejecutivo español no puede asegurar. La competencia mundial para lograr mascarillas y guantes sigue siendo tan brutal como hace un mes porque, a las necesidades sanitarias, se ha sumado ahora la voluntad de que todos los trabajadores puedan protegerse correctamente cuando vuelvan a sus puestos.

Según esas fuentes diplomáticas, el PP es consciente de este dilema porque en las autonomías en las que gobierna (Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y Murcia) las consejerías de Sanidad también sufren esa competencia, una de las razones por las que la tensión entre el Gobierno central y los ejecutivos regionales conservadores no ha acabado disparándose.

Según el Gobierno, después de los primeros contactos con los partidos, los agentes sociales y los gobiernos autonómicos para impulsar un pacto sobre las reformas a emprender para diseñar la España que se desea a medio plazo, habrá que sentarse a elaborar los Presupuestos Generales en los que la reindustrialización, la investigación, la sanidad y el turismo deberían ser algunos de los ejes principales.