La cercanía de los comicios municipales obliga a PP y a Ciudadanos, que compiten por un mismo espacio electoral, a tratar de marcar distancias y diferenciarse, sobre todo en aquellos municipios donde mantienen algún tipo de acuerdo. Es el caso del Ayuntamiento de Málaga, la principal ciudad de España gobernada por el PP y donde a escasos tres meses de las elecciones la formación naranja ha dado por roto esta mañana el acuerdo de investidura que permitió al veterano Francisco de la Torre continuar con el bastón de mando que mantiene desde el año 2000. La escusa formal es la negativa del regidor conservador a destituir a dos ediles investigados judicialmente por una supuesta injerencia política en la tramitación de expedientes urbanísticos.

El anuncio de la ruptura ha sido comunicado formalmente este mediodía, cuando cumplía el plazo dado por Ciudadanos el pasado viernes instando a la dimisión o destitución de los concejales investigados tras conocerse que están citados a declarar el próximo 25 de abril. No obstante, se explica que la ruptura solo afecta al Consistorio malagueño, y no así a la Diputación, donde los naranjas también han sido muleta del PP, o incluso al Ejecutivo regional. “La regeneración es una cuestión clave para Ciudadanos y se hacen firmar documentos con cada partido que quiera negociar investiduras con nosotros”, explica la formación de Albert Rivera en un comunicado, recordando que el acuerdo suscrito en 2015 incluía entre sus puntos la “separación de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, y que el mismo punto se incluye en el acuerdo de Gobierno para el Ejecutivo andaluz.

El documento fue suscrito por el líder del PP de Málaga y actual consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, lo que le ha valido al alcalde malagueño para deslizar que no incumple ningún acuerdo porque él no firmó nada. Por este motivo, la formación naranja no duda en cargar duramente contra De la Torre, al que culpabilizan en exclusiva de la ruptura. “Como siempre, trata de liar, enmarañar y de defenderse enredando”, aseveran, “queda claro que De la Torre no sólo ha incumplido con Ciudadanos, sino también con el Partido Popular. No hay otra salida, lamentablemente, que romper el acuerdo de investidura”. "El mensaje está muy claro, quien firma con Ciudadanos tiene que cumplir lo firmado, y si no se cumple, se rompen los acuerdos", subrayó desde Sevilla el portavoz parlamentario de la formación, Sergio Romero, quien ha insistido en que su partido "lleva por bandera" la luchay la "tolerancia cero" contra la corrupción.

El distanciamiento, sin embargo, es más un gesto hacia el electorado y los vecinos de Málaga ciudad que otra cosa, y tendrá pocos efectos prácticos dado que Ciudadanos no tiene concejales en el equipo de gobierno y los presupuestos para este año están ya aprobados. Fuentes del PP malagueño y regional reconocen que esperaban un gesto así en los últimos meses de mandato como parte de la estrategia electoral de la formación naranja. Por este motivo, el divorcio solo podría evidenciarse en el rechazo a alguna de las propuestas que el regidor intentara sacar adelante antes de las elecciones.

VISTA GORDA CON IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS

El asunto de fondo es la citación como investigados, lo que antes se conocía como imputación, de los concejales Francisco Pomares, responsable actualmente del área de Ordenación del Territorio y Vivienda, y Teresa Porras, en calidad de delegada del distrito Cruz de Humilladero, así como del gerente de Urbanismo, José Cardador, a quienes la Fiscalía, a raíz de una denuncia realizada el pasado año precisamente por Ciudadanos a la que se sumaron IU, Podemos y PSOE, solicita que se investigue por una supuesta prevaricación por omisión, tráfico de influencias e incluso falsedad en documento público y malversación. El origen del conflicto son unas irregularidades urbanísticas en la urbanización de adosados Villa del Arenal detectadas en 2013 por la Policía Local. Urbanismo acabó archivando el expediente al entender que se había demolido lo ejecutado ilegalmente, pero poco después se comprobó que no fue así. Y que el caso se repetía en varias viviendas, con expediente sancionadores que nunca llegaron a su fin y que acabaron cobrándose varias dimisiones internas en la Gerencia de Urbanismo.

El alcalde De la Torre, por su parte, siempre ha defendido que no se trata de un caso de “corrupción política” y ha apelado a la presunción de inocencia de sus ediles y a que no se trata de una imputación formal, sino inicial. Es más, este mismo lunes, una hora antes de que venciera el plazo dado por Ciudadanos para romper el pacto, anunciaba vía comunicado que mantenía en sus responsabilidades a los concejales implicados, y que éstos, “ejerciendo sus derechos, darán al juez todas las explicaciones que éste requiera, explicaciones que no tuvieron oportunidad de dar al fiscal”. El regidor defendía además que el grupo municipal del PP no daba por roto un acuerdo que “ha dado a la ciudad un muy buen marco de estabilidad política” desde 2015. y lamentaba el “tacticismo político” de Ciudadanos al romper un acuerdo de gobierno que se ha venido cumpliendo “satisfactoriamente”.