Òmnium Cultural no tiene esperanzas en el Tribunal Constitucional. Lo considera un trámite imprescindible para poder ir a Europa. Pero aún así ha organizado una rueda de prensa en Madrid para presentar el recurso de amparo con el su presidente, Jordi Cuixart, pretende combatir la condena a 9 años de prisión que le impuso el Tribunal Supremo por sedición, un delito cuya abolición propugna a lo largo de sus 141 páginas.
Los encargados de desgranar los principales argumentos de la impugnación fueron el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri; el abogado Benet Salellas; los catedráticos de Penal de la Universidad de Jaén y de Constitucional de la Autónoma de Barcelona, Guillermo Portilla y Mercè Barceló, respectivamente, y los profesores de Penal de la Universidad de Valencia Javier Mira y de Constitucional de Valencia Albert Noguera.
El primero en intervenir fue Mauri para anunciar que "es en Europa donde esperan encontrar esa justicia que niega el Estado español" para "resolver algunos de los agravios y profundas injusticias que se han cometido en los últimos tiempos".
Después se sucedieron los catedráticos y profesores todos ellos muy críticos con el delito de sedición y, en concreto, con la sentencia del Supremo, que consideran que vulnera el derecho de reunión y manifestación, lo que consideran que es un intento del Estado español para reprimir cualquier protesta, por muy legítima que sea, y especialmente el independentismo catalán.
Salella, que participó en el equipo de defensa de Cuixart durante el juicio del 'procés', fue quien verbalizó la oportunidad que se le ofrecía al Tribunal Constitucional a la hora de revisar la sentencia del Supremo para abolir el delito de sedición. "Debe ser expulsado del Código Penal, porque en ningún país de Europa se castiga la protesta. Es un fósil jurídico que solo existe en el ordenamiento jurídico español", insistió.
