Las reiteradas negativas del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a las peticiones de libertad de los presos independentistas ha dejado paso una nueva maniobra judicial de frente común: conseguir el traslado a una cárcel catalana. Fundamentarán su petición alegando una vulneración sus derechos como reclusos por la dificultad de relacionarse con sus hijos, algo que a la vez transgrede los derechos del menor.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, lo ha requerido este mismo martes a Instituciones Penitenciarias, organismo que depende del Ministerio del Interior. Su defensa asegura que el trajineo constante de su hijo, de tan sólo un año, a Soto del Real para no perder el vínculo con su padre, le afecta física y psicológicamente, y que mantenerle a 630 kilómetros de distancia "no respeta el derecho del menor a no ser discriminado por la situación de encarcelamiento de su padre".

Apelando a la legislación española y a la normativa señalada por las Naciones Unidas, hurga en que dictado su procesamiento por rebelión, ya no hay motivos para mantenerles recluidos en Soto del Real, Estremera y Alcalá-Meco y apelan al criterio de máxima proximidad del interno a su hogar para evitar el "desarraigo".

"DETERIORO DE VÍNCULOS FAMILIARES"

Para escarbar en esta tesis, el coordinador de esta estrategia judicial, Carlos García Castaño, ha añadido a su petición dos dictámenes elaborados por Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, y otro a cargo de Albert Parara, abogado premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía española.

En el primero, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incide en que de desestimarse su traslado a una cárcel catalana "afectaría a los derechos fundamentales" de Cuixart y advierten de que es una "situación crítica de deterioro para los vínculos familiares". "Por vía de su traslado a un Centro Penitenciario de Cataluña, puede ir asumiendo sus responsabilidades como padre del bebé, y contribuyendo al sostenimiento de su núcleo familiar tanto afectivamente como a todos los niveles en tanto sea posible sin agravar más la situación del presente", puntualizan. El letrado asegura que, de no admitirse, se estarían vulnerando los derechos de los menores a relacionarse con el padre.

Asimismo, la defensa incide en que con el auto de procesamiento en mano, acabada ya la fase de instrucción, ya no hay motivo para mantenerles entre rejas en Madrid y permitiría un acceso más "ágil" de su abogado para preparar el juicio.

Cabe recordar que para Junqueras este es el segundo intento, ya que Llarena le desestimó dicha petición, aunque esta vez va dirigida a Interior. De todas formas, vuelve a ser el juez del Supremo el que tenga la última palabra.