"Ni renuncias ni acatamientos". La CUP insiste en que responderá con "determinación y claridad" a la desestimación del recurso presentado por las dirigentes de la formación Anna Gabriel y Mireia Boya, investigadas en la causa del proceso independentista, en el que reivindicaban que el juez instructor, Pablo Llarena, "no es competente" para indagar en este caso. Sus nombres aparecen en el informe entregado por la Guardia Civil al juez Llarena el pasado 15 de diciembre según el que estarían dentro del comité estratégico que señalaba el documento 'EnfoCATs', considerado por el magistrado como la hoja de ruta del independentismo.

Los 'cupaires' han evitado dar detalles sobre su estrategia de defensa, y han rechazado asentir ante la posibilidad de que las diputadas no se presenten ante el tribunal el 14 de febrero, una maniobra que ya utilizaron con la investigación de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, y con los detenidos por la quema de fotos del Rey.

Los anticapitalistas se vuelcan en idear campañas para sufragar los costes judiciales y difundir su mensaje contra la apertura de diligencias contra las caras públicas del 'procés'. Por eso, han lanzado este viernes una nueva campaña bajo el lema de 'Ni una més. Construïm la República. Llibertat presos polítics. Stop judicis polítics' ('Ni una más. Construyamos la República. Libertad presos políticos. Stop juicios políticos') en la que defienden que este proceso judicial "no es legítimo" y que "parte de un marco autoritario que busca atacar el ejercicio de los derechos fundamentales sociales y políticos".

La portavoz del secretariado nacional de la CUP, Núria Gibert, ha aseverado que el Estado es "demofóbico y represor" porque "imputa a personas por lo que piensan o dicen". Para contrarrestarlo, ha llamado a la "movilización popular" para evitar que "los objetivos políticos de la represión" se logren y "se destroce a través del terror los vínculos de solidaridad". "Lo único que se puede hacer pasa por ejercer una solidaridad sistemática y conseguir los objetivos políticos que generan esta represión, es decir, materializar la república", ha resuelto Gibert.

La formación se acoge a un informe elaborado por los exdiputados Benet Salellas y Mireia Vehí, titulado 'El minotauro del 78', en el que contabilizan 832 personas investigadas con cargos políticos y hasta 1.066 heridos por la "violencia del Estado".

El juez Llarena amplió el pasado 22 de diciembre la causa por rebelión, sedición y malversación que instruye contra el Govern cesado y los 'Jordis', e incorporó, además de las diputadas 'cupaires', el 'expresident' Artur Mas, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, y la presidenta de la AMI, Neus Lloveras. Pascal y Rovira deberán presentarse ante el juez el 19 de febrero, y Mas y Rovira el 20.