La familia Franco desafía al Gobierno y es la principal causa del retraso de la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, prevista inicialmente para julio y que difícilmente podrá hacerse antes de final de agosto. Los herederos del dictador han decidido entablar un pulso con el Ejecutivo. No quieren hacerse cargo de las exequias y amenazan con emprender acciones legales en un claro órdago al presidente, Pedro Sánchez, que está determinado a sacar al general del mausoleo en cumplimiento del mandato del Congreso de los Diputados, que avaló esta iniciativa el año pasado.

Ante la negativa de los siete nietos del dictador a alcanzar un acuerdo, en Moncloa se blindan para evitar dejar el más mínimo resquicio legal al que se aferren los herederos para frenar el traslado o revertirlo. El instrumento legal podría ser un decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros antes de que el equipo de Sánchez pare por vacaciones, el 3 de agosto. Aunque ante esta herramienta cabe recurso (los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros se impugnan ante el Tribunal Supremo), es un instrumento ejecutivo y por lo tanto garantizaría que Franco sale del Valle de los Caídos haya o no acción legal en contra, informa Ángeles Vázquez. Los juristas del Gobierno preparan el texto con la máxima prudencia. Recientemente un juzgado de Pamplona ha revocado la decisión del Ayuntamiento de esa población que aprobó el traslado de los restos de los generales Emilio Mola y José Sanjurjo, en el 2016.

RECAPITULAR

En todo caso, en presidencia no dan el acuerdo por imposible y confían en que los familiares del dictador reconsideren una decisión que, entienden, no es lógica y sitúa la reputación de los nietos en una posición cuanto menos abierta a reflexiones.

En la Moncloa sugieren que la publicación del real decreto podría convencer a los herederos de hacerse cargo de los restos, máxime ante el escenario que se abriría si siguen negándose. En tal caso sería el Gobierno quien tuviese que decidir dónde ubicarlos, pero en el Ejecutivo insisten en que no están en ese planteamiento porque confían en que la familia reflexionará ante el imperativo de los hechos.

La esposa y la hija del dictador están enterradas en el panteón familiar de Mingorrubio, en El Pardo, un cementerio que gestiona el Ayuntamiento de Madrid. Allí están también destacados afines al régimen, como el almirante Luis Carrero Blanco o el presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, así como ilustres figuras de la democracia de la talla del ministro Francisco Fernández Ordóñez o el historiador Francisco Tomás y Valiente.

Si finalmente los juristas tienen preparado el real decreto para que el Consejo de Ministros pueda aprobarlo antes de vacaciones, la ejecución del traslado podría comenzar a finales de agosto, como ha apuntado la vicepresidenta, Carmen Calvo.

PLÁCET EPISCOPAL

El Gobierno asegura que la oposición de la familia es el único impedimento, puesto que cuenta con el plácet de la Conferencia Episcopal.

En un contexto de expectación por la decisión del Ejecutivo de revisar la resgulación de la escuela concertada, Sánchez mantuvo en junio un encuentro informal con el máximo responsable de la institución eclesiástica, el cardenal Ricardo Blázquez. El Gobierno da por hecho que el abad de Valle de los Caídos asumirá con disciplina la decisión de sus superiores.