Tras su declaración, la infanta Cristina sigue imputada. El futuro judicial de la hija del Rey continúa por ahora en manos del juez José Castro, cuyo próximo paso mantiene en vilo a las partes del caso Nóos. La defensa, dirigida por los despachos Roca y Silva-Molins, esperará unos días antes de decidir si pide el sobreseimiento o elude este trámite confiando en que el magistrado lo hará al cierre de la instrucción, en la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Ese auto final determinará la apertura de juicio oral y quién se sentará en el banquillo. Si se incluye a la hija del Rey, siempre queda el recurso ante la Audiencia Provincial de Palma.

La Fiscalía Anticorrupción, en principio, no tiene previsto llevar a cabo ninguna actuación. La declaración de Cristina de Borbón no ha variado ni un ápice su oposición a la imputación. Sin embargo, aboga por esperar a que el magistrado dé el paso final, con una solicitud de archivo bajo el brazo por si persiste. Su discrepancia volvería a dirimirse en la sección segunda de la Audiencia de Palma, la misma que tumbó la primera imputación, pero mantuvo viva la sospecha sobre la hija del Rey e instó al juez a investigar si había incurrido en un posible delito fiscal y de blanqueo de capitales.

Si el juez decide desimputarla, quienes recurrirán serán las acusaciones populares de Frente Cívico y Manos Limpias, por lo que la Audiencia dirimirá sí o sí. Si queda imputada, está por ver que llegue al banquillo. Algunos juristas, apoyados en la doctrina Botín y Atutxa, sostienen que sin el respaldo de acusación pública o particular no se puede. Otras fuentes cuestionan que ese principio sea aplicable en un delito como el fiscal, ya que el perjuicio no es particular, sino a la Hacienda pública.

POSIBLES NUEVAS ACTUACIONES

La decisión del juez también podría demorarse por nuevas actuaciones. En la declaración, se repasó la operación de compra y reforma de la casa de Pedralbes en la que los duques de Palma fueron asesorados por Federico Rubio Carvajal, un alto funcionario de Hacienda que antes aconsejó a la Zarzuela. Su testimonio podría ser requerido por alguna de las partes para aclarar la operación de 6 millones de euros que se cubrió en parte con 1,2 millones del Rey. La infanta Cristina dijo que fue un préstamo del que ha devuelto 150.000 euros y que confía liquidar. El juez alberga dudas sobre si en realidad fue una donación por la que no se tributó.

Pese a las diferencias sobre la responsabilidad penal, juez y fiscal están de acuerdo en la responsabilidad civil de la infanta por considerar que se benefició a través de Aizoon de 1,2 millones de euros de los 6 millones captados por Nóos de las administraciones de Valencia y Baleares mediante contratos irregulares. Le tocaría asumir unos 600.000 euros como copartícipe de Aizoon al 50%.