Los equipos de abogados, el que representa a Carles Puigdemont en su demanda civil contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y el que defiende sus intereses y los del Reino de España, no se ponen de acuerdo sobre cuál debe ser el calendario a seguir en el proceso abierto en Bélgica. Los primeros quieren que el Tribunal francófono de Primera Instancia que examinará el caso entre en el fondo y evalúe la imparcialidad de Llarena. Los segundos que se centre únicamente en la competencia jurisdiccional. De momento, la única decisión que ha tomado la justicia belga es que el caso será juzgado por un tribunal de tres jueces, tal y como reclamó la defensa del magistrado.

Es lo que había solicitado el abogado que defiende a Llarena y representa los intereses de España en el proceso, Hakim Boularbah, por tratarse de un caso complejo y extraordinario. La defensa de Puigdemont no ha tenido problemas con esta petición y la magistrada del Tribunal francófono de Primera Instancia, Anne Dessy, ha aceptado la petición, ha precisado durante una breve audiencia celebrada este martes.

El resultado pone de manifiesto que la justicia belga también piensa tomarse con calma la demanda civil planteada por Puigdemont y los 'exconsellers' que viven en Bélgica, Toni Comín, Lluís Puig y la actual delegada del Govern en la capital, Meritxell Serret, contra Llarena por unas declaraciones efectuadas por el magistrado en Oviedo el año pasado y que la defensa dice pone en tela de juicio la imparcialidad del juez del Supremo.

EL TEMA DE LA JURISDICCIÓN, LO PRIMERO

"España defiende la inmunidad de los jueces y tribunales españoles ante la justicia belga", ha explicado Boularbah tras la vista. "No estamos de acuerdo sobre el calendario del procedimiento. Los demandantes quieren intercambiar conclusiones escritas sobre la responsabilidad, el fondo del caso, y nosotros que primero hay que abordar la cuestión de la jurisdicción. Es decir, saber si los jueces belgas son competentes para juzgar los actos de la justicia española", ha precisado.

Según ha explicado, la próxima fase será la de redacción e intercambio de alegatos y el tribunal se pronunciará por escrito "en un plazo máximo de seis semanas", lo que significa que el magistrado deberá pronunciarse en torno a finales de octubre. Posteriormente, según el calendario que maneja Boularbah, se fijará un plazo para el que el tribunal de tres jueces examine "o bien todo el dossier o solo la jurisdicción". La audiencia en la que presentarán oralmente los alegatos tendrá lugar, según este mismo abogado, entorno a febrero o marzo del próximo año.