«El excomisario José Manuel Villarejo se ha dedicado toda la vida a buscar el talón de Aquiles de todo aquel con quien hablaba. ¡Imagínate lo que puede tener de todo el mundo!». De esta forma fuentes jurídicas explican por qué el secreto del sumario del caso Tándem se levanta y se vuelve a decretar con una rapidez que hace perder la cuenta del estado en el que se encuentra la investigación contra las cloacas del Estado que se sigue en la Audiencia Nacional.

La última decisión del que ha sido su juez instructor hasta el pasado 31 de diciembre, Diego de Egea, ha sido precisamente paralizar el acceso al sumario sobre las prácticas corruptas atribuidas al exjefe policial hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional precise los límites que deben mantenerse para preservar la seguridad del Estado.

Lo ha hecho a raíz de dos recursos, uno de Anticorrupción, que siempre se ha mostrado en contra del levantamiento del secreto precisamente por el contenido sensible que se presume a gran parte de las pesquisas, y otro, de la acusación que ejerce Podemos, que justo pretende saber qué hay detrás de los supuestos secretos de Estado que se deben proteger. La formación de Pablo Iglesias quiere solicitar el levantamiento de esta medida al Consejo de Ministros si detrás de ellos hay delitos con la intención de investigarlos.

De hecho, el Consejo de Ministros ya adoptó esta medida en relación con la documentación protegida por la ley de secretos de Estado relativa a la operación Kitchen, en la que el Ministerio del Interior ha admitido el pago de fondos reservados a colaboradores, entre los que se investiga si estuvo quien era chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas y si se le encargó apropiarse de documentación que pudiera ser perjudicial para el partido. Ante el juez José de la Mata, que instruye la causa de la caja b, Bárcenas cifró en tres ocasiones aquellas en las que su chófer pudo hacerse con el material delicado.

Tanto esa pieza como la denominada Carol, abierta por la grabación que Villarejo hizo a la princesa Corinna, en la que esta atribuía conductas presuntamente delictivas al rey emérito Juan Carlos (ya archivada), quedaron excluidas de la posibilidad de consulta de las actuaciones que había acordado De Egea el 10 de diciembre.

El magistrado accedió a poder consultar en el juzgado la pieza principal del caso Tándem, abierta por blanqueo de capitales y cohecho en relación con la presunta entrada en España de ciudadanos guineanos. A medida que se fueron escuchando las grabaciones intervenidas a Villarejo, se fueron abriendo piezas independientes. De momento en total son ocho, pero el proceso para desencriptar y escuchar todos los audios que atesoraba el excomisario va tan despacio que algunas fuentes cifran entre ocho y nueve terabytes lo ya escuchado de un total de 30.

La causa tiene desde ayer un nuevo instructor. El juez Diego de Egea pidió volver a su juzgado y dejar de ser refuerzo del magistrado Manuel García-Castellón. Alegó motivos personales, pero desde hacía meses sus desencuentros con Anticorrupción eran frecuentes. De hecho, se ha despedido del juzgado con dos reveses importantes: la Sala de lo Penal de la Audiencia le ordenó reabrir dos piezas que había archivado, al entender que no se habían realizado las diligencias de investigación acordadas y que no era posible exonerar a los clientes de Villarejo o al excomisario de Barajas Carlos Salamanca, como él había hecho.

Ayer tomó las riendas del juzgado García-Castellón, que también instruye los casos Púnica y Lezo.