"Juráis o prometéis acatar la Constitución?". El flamante presidente del Congreso, Manuel Marín, formuló la pregunta ritual a los 350 diputados que se aprestaban a inaugurar la octava legislatura de la democracia. Sus señorías comenzaron a responder por orden alfabético. Los populares juraban. La izquierda prometía.
Tocó entonces el turno a Josep Andreu, de ERC. Se hizo un silencio expectante en el hemiciclo. "Per imperatiu legal, juro", dijo en catalán. Desde los escaños populares resonaron unos murmullos despectivos. A partir de ese momento, la fórmula se escuchó hasta 19 veces en boca de todos los nacionalistas, salvo CiU. Los ocho republicanos catalanes la pronunciaron en su idioma. Los siete diputados del PNV y los dos del BNG, en castellano. Begoña Lasagabaster, de EA, y Uxué Barkos, de Nafarroa Bai, optaron por el bilingüismo, y se expresaron en castellano y euskera.
El escenario se reprodujo en el Senado. Indignado, el senador popular y alcalde de San Pedro del Pinatar (Murcia), Pedro José Pérez Ruiz, tronó que él juraba "sin imperativo de ningún tipo y por convencimiento pleno".
Nunca antes había resonado en el Parlamento con tanta fuerza el latiguillo del imperativo legal, utilizado por primera vez por los diputados electos de Herri Batasuna tras las elecciones de 1989. En aquella ocasión, la fórmula no fue aceptada. Los diputados aberzales no adquirieron su condición de parlamentarios y recurrieron ante el Constitucional. Los magistrados fallaron unos años después en favor de los independentistas vascos, abriendo así una tercera vía de acatamiento a la Constitución.
La sesión constitutiva del Congreso y el Senado puso de manifiesto, además, que a la hora de expresar el acatamiento a la Carta Magna, sus señorías se dividen en dos grandes bandos teológico-morales: los que juran y los que prometen. Jurar parece ser cosa de la derecha. Casi todos los diputados populares optaron por esta fórmula. El resto de los grupos se inclinó por la promesa.
