La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, el vicepresident Pere Aragonès y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, se reunieron ayer en Barcelona de forma discreta, una semana después de la cita que mantuvieron en el palacio de la Moncloa en Madrid, para tratar de hilvanar un proceso de diálogo sobre el conflicto catalán. Tras un encuentro de unas dos horas, los avances fueron mínimos, a juzgar por el brevísimo comunicado conjunto pactado entre ambas partes, y las discrepancias se mantienen. Fuentes del Govern admitían que el progreso de las conversaciones se ha ralentizado tras el «significativo avance» de la cumbre de Pedralbes del 20 de diciembre entre ambos presidentes, que finalizó con un significativo comunicado en el que se admitía la existencia de un conflicto y se apostaba por un diálogo «efectivo».
El comunicado posterior al encuentro de ayer se limitó a definir la existencia de un «clima constructivo» durante el encuentro, pero a constatar que no hay resultados concretos. «Se ha avanzado», afirma simplemente el texto, respecto a la mesa de diálogo de partidos. Y las dos partes «se emplazan a seguir trabajando», también respecto a la comisión bilateral Estado-Generalitat.
Se suponía que la cita de Barcelona tenía una cierta trascendencia, dado que ambas partes habían destacado previamente la importancia de la misma. Pero lo cierto es que a las puertas de la votación de la tramitación o no de los Presupuestos generales del Estado en el Congreso, la posición del independentismo sigue siendo -con excepción de una parte del PDECat- la de no votar favorablemente si no se concreta la mesa de partidos, que debería ser de partidos estatales -y no la constituida ya entre partidos catalanes- y contar con la presencia de un actor neutral, que según el independentismo podría ser Podemos.
En cambio, fuentes del Gobierno sostenían, tras la reunión que como ya apuntaron la semana pasada, el diálogo político al que se refieren por su parte es el de los partidos catalanes. Una posición, por tanto, que se mantiene firme. Y que ya enervó a la Generalitat tras la cita de la semana pasada. Fuentes del Govern admitían que el resultado de la cita de este viernes es pobre. El comunicado se limita a poner un plazo de «semanas» para el diálogo. Sin más.
LOS PRECEDENTES
La reunión pretendía dar continuidad a la construcción de un diálogo político sobre el conflicto catalán, en el que las posiciones están tan alejadas que se limitan a constatar la existencia de tal conflicto, sin compartir ni su origen, ni su morfología ni, mucho menos, sus vías de solución. Tras los ultimátums fallidos lanzados con solemnidad por parte del president Quim Torra en octubre pasado en el Parlamento catalán, lo cierto es que la vía de comunicación entre ambas instituciones no ha dejado de existir en ningún momento. Y ha dado frutos, como el pacto para reactivar casi totalmente la ley 24/2015 sobre pobreza energética y vivienda, que el Tribunal Constitucional había suspendido a instancias del anterior Gobierno del PP.
La tesis del Gobierno actual es que este diálogo no solo ha sido fluido -con más de veinte reuniones formales, en las comisiones bilaterales reactivadas a tal efecto- sino que constituye en sí mismo la vía de solución al conflicto, para centrar la agenda en las cuestiones sociales que requieren actuaciones concertadas. Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reclama que primero sean los partidos catalanes los que tracen una hoja de ruta sobre la solución al contencioso soberanista.
MALESTAR CATALÁN
En cambio, desde la Generalitat insisten en que las comisiones bilaterales y las reuniones técnicas no han servido todavía para abordar el núcleo de la cuestión: el derecho de autodeterminación de Cataluña. La estrategia del president Torra y, sobre todo, de su predecesor Carles Puigdemont, de mantener la tensión institucional y no renunciar a un nuevo pulso como el del referéndum del 1-O, de ahí las apelaciones periódicas al retorno de Puigdemont si es investido por el Parlament, lleva al Govern a mantener las distancias y exigir una concreción política sobre autodeterminación y también sobre presos y «exiliados», si bien el exlíder de la ANC Jordi Sànchez ha insistido una y otra vez, desde la cárcel de Lledoners, en que los presos no han de ser moneda de cambio para negociaciones como la de los Presupuestos del Estado.
PASO ADELANTE, PASO ATRÁS
Esta tensión es la que ha provocado una constante percepción de pasos adelante y atrás. Tras la reunión de Torra y Pedro Sánchez en la Moncloa en julio pareció abrirse una nueva etapa. Después llegarían los ultimátums. Tras el comunicado conjunto de la cita de diciembre en Pedralbes pareció reabrirse la negociación, pero llegó la polémica interna en el seno del PDECat sobre la tramitación de los presupuestos estatales.
Y después de la reunión de la semana pasada en Madrid el breve comunicado conjunto parecía dar una pista de aterrizaje al soberanismo para votar a favor de la tramitación de las cuentas en el Congreso, pero en cuestión de horas se produjeron dos interpretaciones distintas de la mesa de partidos que se decía querer impulsar.
