En un informe entregado a Hacienda el pasado 27 de agosto, la Abogacía del Estado deja claro que, desde su punto de vista, es ilegal que un Gobierno en funciones atienda el pago a las autonomías de los alrededor de 4.500 millones de euros correspondientes a la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica.

"Por exceder el despacho ordinario de asuntos publicos no podría un Gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas", concluye el citado informe,

En concreto, la Secretaría de Estado de Hacienda planteó esta extensa pregunta a la Abogacía del Estado: "¿Puede el Gobierno, en su actual situación de Gobierno en funciones, ejercer la iniciativa legislativa necesaria para poder efectuar la actualización de las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas de Régimen Común para 2019, precisando mediante el instrumento normativo oportuno que las cifras de ingresos previos a la cesión a las Administraciones Territoriales a considerar en su cálculo pueden ser actualizadas con referencia a las previsiones tributarias para 2019 vinculada al ciclo presupuestario de dicho ejercicio en lugar de pivotar sobre las cifras de ingresos tributarios del ejercicio prorrogado 2018?"

Traducción libre de la pregunta: ¿Puede este Gobierno en funciones abonar a las autonomías los 4.500 millones adicionales que les corresponden en sus entregas a cuenta?

En su respuesta, la Abogacía del Estado recuerda que la ley determina que el Gobierno en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

Y a partir de sentencias previas del Supremo, la Abogacía explica que "el Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya"

Finalmente, tras analizar el caso en cuestión, llega a la conclusión de que "un Gobierno en funciones al modificar el importe de las entregas a las Comunidades Autónomas establece nuevas orientaciones políticas, comprometiendo, condicionando o impidiendo las que pueda adoptar el nuevo Gobierno por lo que dicha actuación excedería del despacho ordinario de asuntos".

Estos son los argumentos que ha utilizado Hacienda hasta ahora para justificar la imposibilidad de liberar el pago de las actualizaciones a cuenta de las comunidades autónomas.