El director provisional del Instituto de Derecho Público, el profesor Pablo Acosta, ha indicado a la juez del 'caso máster' que desde la destitución del catedrático Enrique Álvarez Conde al frente de este organismo de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se ha revisado su despacho pero no en el que tiene en condición de profesor, funciones de las que no está suspendido, y no descarta que en esas dependencias pudiera haber documentación relevante para la causa.

Fuentes jurídicas han indicado que Acosta ha relatado a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel que el despacho de Álvarez Conde como docente permanece "intacto" y no se ha accedido a él por parte de la universidad, pues son dependencias de carácter personal en las que no se puede acceder sin permiso o por orden de registro. Se trata de una estancia "individual" que no comparte con ningún docente.

Las mismas fuentes exponen que sí se ha accedido al despacho del IPD tras el cese de Álvarez Conde como director de este organismo, dado que esas dependencias pertenecen a la institución.

Caja con documentación

Por otro lado y en relación con el hallazgo reciente de una caja con documentación sobre las tres compañeras del máster de Derecho Autonómico que cursó el presidente del PP, Pablo Casado, en el curso 2008-2009, que él está solo en el IDP y que tiene medios limitados para revisar todos los papeles de este organismo.

Respecto a esta caja, Acosta ha comentado que solo había una pequeña cantidad de documentación en una caja localizada en un armario del Instituto de Derecho Público y que corresponde a los expedientes de estas alumnas imputadas por cohecho impropio y prevaricación administrativa. En este sentido, ha argumentado que la labor de inspección de unas dependencias de las dimensiones del IDP se le hace "un poco grande".

La intención de la magistrada era conocer con esta citación de testigo de Acosta los detalles sobre el hallazgo de esta documentación, que fue remitida el pasado viernes por la URJC y obtener explicaciones sobre por qué no se envió antes al Juzgado que instruye la causa.

Este profesor de la URJC que relevó a principios de mayo a Álvarez Conde fue el que solicitó ya la supresión del CIF del Instituto de Derecho Público, pues la universidad va a cerrarlo de cara al curso que viene.

A su vez, Acosta elaboró un informe sobre presuntas irregularidades en la contabilidad del IDP durante la etapa de Álvarez Conde y que sustentaron una denuncia por parte del rector de la URJC, Javier Ramos, por presunto delito de malversación en este organismo, que fue remitida al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid.