Las donaciones privadas recibidas por las formaciones políticas ascendieron en 2012 a 6,4 millones de euros, de las que 5,5 millones proceden de personas físicas, según el informe anual del Tribunal de Cuentas, que advierte que algunas son ilegales por ser anónimas o no haber sido ingresadas en cuentas bancarias como obliga la legislación.
El Tribunal de Cuentas ha hecho público su informe sobre "Fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y las aportaciones percibidas por las fundaciones y asociaciones vinculadas en 2012".
En total abarca la fiscalización de 36 formaciones políticas, las que han sido perceptoras, directa o indirectamente, de fondos públicos o subvenciones, así como de donaciones privadas.
Señala que existen donaciones no identificadas por un total de 6.000 euros percibidas el 3 de abril de 2012 correspondientes al Partido Aragonés, lo que incumple la prohibición prevista en la Ley Orgánica 8/2007 de que los partidos no podrán aceptar o recibir donaciones anónimas.
Asimismo el informe apunta que figuran donaciones que no han sido ingresadas en cuentas bancarias destinadas exclusivamente a ingresos de esta naturaleza, lo que incumple lo dispuesto en la misma ley. Entre otras cita donaciones de 6.600 euros a Geroa Bai; 9.839 euros al PCE; 10.563 euros al PSC; 1.907 al PSOE; y 14.905 a IU.
En comparación con otros años, los partidos obtuvieron en donaciones privadas 8,7 millones de euros en 2011, siete millones en 2010 y 6,2 millones de euros en 2009, y se detectaron en esos años diversas irregularidades.
El informe señala también en sus conclusiones que la deuda con entidades de crédito contabilizada asciende en 2012 a 237,6 millones de euros, de los que 141,9 corresponden a deuda con garantía hipotecaria. Asimismo indica que la deuda vencida asciende a 1,4 millones, distribuidos entre Eusko Alkartasuna (0,8 millones) y Union Democrática de Cataluña (0,6 millones).
Revela que Eusko Alkartasuna y PNV mantienen participaciones en diversas sociedades mercantiles, en la práctica generalidad por el total del capital social, cuya actividad principal consiste en la tenencia y administración de bienes inmuebles.
El informe del Tribunal de Cuentas afirma que la financiación pública percibida por los partidos ha supuesto un total de 273,1 millones, de los 3,38 millones que corresponden a subvenciones estatales para gastos de seguridad. Respecto a los recursos privados contabilizados, la cuantía más importante corresponde a las cuotas y aportaciones de afiliados, adheridos y simpatizantes, con un saldo total de 39,4 millones.
El Tribunal advierte que existen formaciones que aún no han ajustado totalmente sus procedimientos a la ley bien porque no existan cuentas específicas o bien porque además figuran otros ingresos, lo que supone un incumplimiento. El informe concluye que hay nueve formaciones políticas que presentan un desequilibrio pasivo-activo, por lo que deberán ajustar sus actividades económicas.
