La grieta en el muro de silencio que presuntamente ha rodeado la financiación de CDC se abrió ayer un poco más. Dos empresarios, proveedores del partido afirmaron en el juicio que se sigue por el caso Palau que facturaron sus trabajos a la institución cultural por indicación de Convergencia, en concreto de su extesorero Carles Torrent, ya fallecido. Entre estos servicios realizados a los convergentes se halla parte de la campaña electoral de CiU al Congreso de los Diputados del 2004, cuya lista encabezó Josep Antoni Duran Lleida. Ambos acusados se han acercado en los últimos días a la Fiscalía.

Fue el empresario Juan Manuel Parra, de la compañía Hispart -dedicada a montaje de sistemas audiovisuales en congresos y mítines-, quien afirmó que facturó al Palacio los servicios prestados con motivo de la campaña. Parra, eso sí, añadió que el sucesor de Torrent en el partido, Daniel Osácar, «no sabía nada». En total se trata de 13 facturas por un importe superior a 800.000 euros.

Parra fue el segundo empresario que confesó el uso de facturas falsas. Poco antes, Miguel Giménez Salinas, accionista mayoritario de Altraforma -compañía de publicidad-, reconoció haber facturado al Palau de la Música encargos realizados para CDC. Giménez Salinas dijo no saber quién del partido recomendó la vía del Palacio de la Música. Hasta ahora, el acusado había declarado haber recibido tres encargos del propio Palacio entre el 2006 y el 2007 por un importe de 60.000 euros cada una.

REUNIÓN EL MIÉRCOLES / La polvareda levantada por las declaraciones en el juicio forzaron la convocatoria del comité ejecutivo del Consorcio del Palacio para el próximo miércoles. El Ayuntamiento de Barcelona acudirá a la cita con la propuesta de tomar medidas contra CDC. En el consorcio, sin embargo, el Gobierno catalán cuenta con mayoría.

Estos dos empresarios, y un tercero, Pedro Luis Rodríguez, que no implicó a Convergencia, se llevaron una atención mediática que en las previsiones estaba destinada a dos altos cargos de Ferrovial, la constructora que presuntamente habría dado a CDC el 4% de las contratas obtenidas del Govern, en un ejemplo de manual de tráfico de influencias.

«Rotundamente no». De este modo desmintió el que fuera director para Cataluña de Ferrovial a finales de los 90 y principios de este siglo, Pedro Buenaventura, lo afirmado por el trío gestor del Palau, Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull.

Como se esperaba, el exejecutivo de Ferrovial, también acusado y para el que el fiscal pide cuatro años y medio de cárcel, se alineó con las tesis del extesorero de CDC, Daniel Osácar. Buenaventura, y también el jefe de relaciones institucionales de la constructora, Juan Elizaga (encargado de los patrocinios), negaron haberse reunido nunca con el propio Osácar o su antecesor al frente de los números del partido, Carles Torrent.

La constructora ya negó cualquier trato de favor en la adjudicación de obras por parte de la Generalitat, como un pabellón municipal en Sant Cugat o la Ciudad de la Justicia, donde tiene lugar el juicio. Buenaventura detalló que todas las aportaciones que su empresa realizó al Palau fueron en concepto de patrocinios. Unos pagos que empezaron en 1992 y que tenían como objeto dar a conocer una empresa que, más allá de la obra pública, no conseguía adentrarse en la inversión privada.

El directivo reconoció múltiples reuniones con Millet, pero explicó que tenían como objeto debatir e incluso negociar el expediente del Petit Palau, cuya construcción acabó por retrasarse y, por tanto, acabó por generar indemnizaciones por esa demora. El documento más comprometedor que mostró el fiscal Emilio Sánchez-Ulled, y en el que se vislumbra que, en efecto, se establecía en el Palau el nexo entre la obra pública de la Generalitat y la empresa constructora, no tenía relación con Buenaventura, sino con su antecesor, Rafael Puig-Pey.