La jueza que instruye el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía ha embargado un piso de la Federación Metalúrgica de CCOO en Madrid en pago subsidiario de la fianza civil de más de 471.300 euros impuesta a un dirigente de la central implicado en el supuesto cobro de sobrecomisiones por tramitar las prejubilaciones.
El pasado mes de octubre y en marco de la segunda fase de la operación Heracles la jueza ordenó la detención de Manuel Roberto Carmona Soto, exsecretario general de la federación Minerometalúrgica de CCOO en Andalucía entre 1991 y el 2009, que quedó en libertad con cargos. Según la jueza, Mercedes Alaya, junto a un exsecretario provincial de UGT también detenido habría reclamado a una de las mediadoras que tramitaban los ERE 180.000 euros como pago de gastos derivados de las prejubilaciones de la Faja Pirítica en Huelva, como "viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria".
La petición con cargo a las comisiones que cobraban las intermediarias se produjo entre el 2006 y el 2007, y ambos sindicalistas eran conocedores, según Alaya, de que el dinero de las comisiones procedía de fondos públicos. La mediadora Uniter, por su parte, habría aceptado el pago para "retribuir el papel del sindicato como facilitador del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario", según declaró el propietario de la misma. De esta manera, ambos sindicatos acabaron recibiendo 7,6 millones de euros de las mediadoras que tramitaron la mayoría de los ERE con cargo a las sobrecomisiones pagadas por la Junta. La jueza, además, no descarta que en ocasiones el dinero fuera cobrado "doblemente" en Madrid y Andalucía.
Un jubilado de un barrio obrero
Alaya impuso una fianza civil de 471.352 euros a Carmona, quien recurrió la cantidad al asegurar que era un jubilado que residía en un barrio obrero y por tanto no podía hacerle frente. De esta manera, la jueza acabó considerando responsable civil subsidiario a la federación de industria del sindicato, que presentó varios inmuebles para acometer ese pago. En concreto, el embargado ahora por la jueza es un piso ubicado en la calle Manuel Cortina 11 de Madrid y, donde entre otros, se encuentra la Comisión de Garantías Federales de la central.
En el mismo auto, la juez ordena el embargo de dos vehículos, un SEAT Panda y un Ford Mondeo, propiedad del exsindicalista y 'conseguidor' Juan Lanzas, considerado una de las piezas clave de la trama de los ERE fraudulentos y que ya ha visto embargadas varias cuentas bancarias y un piso para afrontar una fianza civil de 38 millones.
