Los letrados del Gobierno aragonés y del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena se han enfrentado hoy en los juzgados de Huesca a los de la Generalitat y del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para reclamar la devolución de las pinturas murales románicas del Monasterio de Sigena.
En la primera sesión de la vista que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia 2 de Huesca, la juez ha aceptado incorporar a la causa un documento del Vaticano que legitima la delegación de poderes hecha al Ejecutivo aragonés por la madre federal de las monjas sanjuanistas, titulares de los bienes de cenobio, para instar la reintegración de las pinturas.
Este documento ha sido impugnado por la parte catalana, que fundamentaba su estrategia procesal en la falta de legitimidad del Gobierno aragonés para pleitear en nombre de las sanjuanistas, al entender que su aceptación constituye un ataque a la "línea de flotación" de su defensa.
La juez ha rechazado tanto la impugnación como la petición de suspensión hecha por los letrados catalanes para estudiar a "fondo" las implicaciones procesales del documento y ha iniciado a renglón seguido el turno de pruebas testificales y periciales.
Una parte sustancial de los interrogatorios a los testigos se ha centrado en la validez y alcance del contrato suscrito en diciembre de 1992 por la Generalitat con la anterior madre federal de las monjas sanjuanistas para dejar en manos de la administración catalana las pinturas murales a título de depósito.
El exconseller de Cultura que firmó en esas fechas el documento, Joan Guitart, ha declarado en la vista que la "intención" de la comunidad religiosa era realizar una donación de la propiedad para que las pinturas no salieran "jamás" del MNAC.
Sin embargo, Guitart ha asegurado desconocer si las monjas sanjuanistas llegaron a realizar los trámites exigidos por el derecho canónico y pidieron permiso a la Santa Sede para formalizar la donación, algo que no figura en la prueba documental aportada desde Cataluña.
Este documento fue suscrito el mismo día en que ambas partes firmaron otro contrato de venta de otros bienes patrimoniales del monasterio por 150.000 euros, anulado por ilegal en otro juicio anterior y cuyo contenido el exconseller de Cultura ha afirmado no recordar.
El letrado del Gobierno aragonés ha argumentado que la cesión en depósito de las pinturas a la Generalitat se hizo cincuenta años después de permanecer en el MNAC, que las comenzó a exponer de forma permanente en 1960, y que dicho trámite no se llegó a instrumentalizar con la institución museística.
Las pinturas de la sala capitular del monasterio fueron arrancadas tras un incendio registrado a comienzos de la Guerra Civil que destruyó el inmueble.
Según los letrados de la parte aragonesa, el proceso de arrancado fue llevado a cabo de forma "ilegal" por un restaurador de Barcelona, José Gudiol, que desoyó las recomendaciones hechas desde la Dirección General de Bellas Artes de adoptar medidas para garantizar la conservación de las pinturas en su lugar de origen.
Tras el arrancado, el Gobierno español de entonces autorizó el depósito temporal de las pinturas en Cataluña, por lo que, según el abogado del Gobierno aragonés, el traspaso de la cesión debía haber sido formalizado entre el estado y el MNAC.
Otra parte de la prueba testifical y pericial se ha centrado en la situación actual de las pinturas, que perdieron su pigmentación original durante el incendio, y los riesgos que supondría su traslado desde el MNAC.
El director del MNAC, José Sierra, ha explicado que la salida de las pinturas, a las que se ha referido como el conjunto mural románico "más importante del mundo", supondría una "pérdida enorme" para el museo, y ha resaltado que su fama a nivel internacional se debe a la "operación de rescate" llevada a cabo en 1936.
Ha añadido, además, que la legislación catalana de patrimonio impide desmembrar una colección de arte, catalogada -ha subrayado- como Bien de Interés Cultural por el estado español desde 1962 y exhibidas años atrás en el que se ha referido como "el mejor museo de arte románico del mundo".
Por su parte, la jefa del departamento de Conservación y Restauración del MNAC, María del Carmen Mestre, ha explicado que el arrancado es una medida drástica que se adoptó para garantizar la protección de las pinturas, que tras el incendio quedaron a la intemperie.
Ha advertido de que las pinturas, depositadas actualmente en un soporte de tela y madera, han perdido su carácter de fresco sobre muro y que su salida del museo podría originar un daño "irreversible", pero ha admitido al tiempo que el proceso de traslado no es "imposible".
En este mismo sentido se han pronunciado dos técnicos del Gobierno aragonés, para quien el reintegro de las pinturas a su lugar original de ubicación, actualmente restaurado tras una inversión de 3,8 millones de euros, es un procedimiento posible.
En el proceso figura como parte codemandada el estado español, a quien los letrados aragoneses responsabilizan de "inacción" por no haber adoptado medidas a lo largo de los años para instar la devolución de las pinturas.
Desde Aragón se reclama tanto las pinturas de la sala capitular como otras arrancadas en 1960, cuyo depósito a título de cesión temporal fue autorizado por el estado español.
