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JUICIO DEL PROCÉS

Los empleados de Unipost sospechaban que trabajaban para el 1-O

La empresa emitió una factura a la Generalitat, pero después fue anulada y se convirtió en un factura proforma El dirigente de un colectivo de Mossos independentistas admite que la función policial era 'intentar' respetar la Constitución

 

La Sala de Plenos del Tribunal Supremo durante el juicio del procés. - EFE / EMILIO NARANJO

J. G. ALBALAT
24/04/2019

La primera tanda de testigos que han declarado este martes en el Tribunal Supremo ha estado compuesta por trabajadores y ejecutivos de la empresa Unipost que, según la acusación, facturó cerca de un millón de euros a diversos departamentos de la Generalitat para la distribución de material electoral para el 1-O. En las entradas y registros de hallaron documentos sobre este encargo y en sus naves unas 50.000 cartas certificadas para la designación de los miembros de las mesas de votación.

Uno de los trabajadores ha asegurado que unas facturas remitida a algunas Consejerías y supuestamente vinculadas a esta labor se anularon y después de hicieron una factura proforma, a la vez que precisó que este trasvase se pudo haber producido por un error interno, que no solo se daba en el caso de la Administración autonómica, sino también con otros clientes. La fiscalía sostiene que la emisión en su de una factura es un compromiso de pago, lo que conlleva a la comisión de un delito de malversación de fondos público.

Otro empleado ha explicado que entre la plantilla se hablaba y se sospechaba que los encargos de la Generalitat era la distribución de material electoral para el referéndum y que en algunos sectores no se entendía cómo la empresa, ya con dificultades económicas, se implicaba en ese asunto con el riesgo que suponía ante la posibilidad de perder clientes, pues trabajaban en España. Este testigo ha relatado también que él recibió una orden de trabajo para repartir una serie de material, pero que no se hizo porque nunca se realizó. Y es que las cartas certificadas habían sido incautadas por la Guardia Civil en una nave de Unipost. Ha reconocido que la orden era de prioridad.

EL MOSSO INDEPENDENTISTA

Albert Donaire, dirigente del colectivo Mossos per la Independència, ha confesado, por su parte, ser el autor de algunos tuits a favor del referéndum del 1-O, aunque también recordó, a preguntas de las acusaciones, que la función de la Policía de la Generalitat era respetar las resoluciones de "no causar un daño mayor a la población" e "intentar cumplir siempre con la Constitución". El 7 de septiembre del 2017, escribió en el la red social: "Como Mossos estoy al lado del Gobierno catalán para que se celebre con normalidad el 1-O". A este mensaje adjuntaba una foto suya vestido de uniforme cuadrándose ante una estelada. Este agente, que ha sido investigado por Asuntos Internos del cuerpo y expedientado, ha especificado que él fue destinado en la jornada de votación a un centro de Ribes de Freser, pero que no levantó acta alguna porque no se intervino material ante la acumulación de personas que había en la zona. Se desvinculó de Jordi Sánchez, con quien nunca se reunió, a pesar que el grupo al que pertenecía era una sectorial de la Assemblea Nacional de Cataluña.

Joan Ignasi Elena, que fuera coordinador del Pacte Nacional Referéndum, ha aportado bastante poco al juicio. Simplemente ha concretado en que consistía esta entidad, cuyo objetivo era explicar la necesidad de un referéndum acordado entre el Gobierno español y el catalán para resolver el conflicto en Cataluña, a la vez que no negado que se financiaran con fondo públicos. Todas las aportaciones económicas, ha recalcado, eran privadas