El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer y doméstica -Convenio de Estambul- entra en vigor mañana en España, aunque no supondrá ninguna reforma jurídica. España se suma a este compromiso político de lucha contra la violencia de genero y por la igualdad, que supone el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en esta materia y el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta lacra.
Aunque España ya publicó el convenio en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de junio, este marco jurídico común entra en vigor el 1 de agosto una vez alcanzado el número mínimo de diez estados miembros que lo han ratificado. Hasta ahora, lo han ratificado Albania, Andorra, Austria, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Italia, Montenegro, Portugal, Serbia, España y Turquía.
La violencia contra la mujer se reconoce como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación, considerando responsables a los estados si no responden de manera adecuada. Entre los fundamentos del convenio están el de prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales contra los agresores. Además, incluye sensibilizar y hacer un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y niños, para que cambien de actitud y rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa.
Destaca la importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y servicios oficiales pertinentes y la sociedad civil y establece la recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer. El convenio contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada. Esto implica que los estados deberán introducir en sus sistemas jurídicos estos delitos, que España ya los incluye en su ordenamiento. El matrimonio forzado se introduce como delito en el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, que está tramitándose en el Congreso.
El convenio recoge medidas ya consolidadas en España como la formación de los distintos colectivos de profesionales que intervienen en las situaciones de violencia de género, el teléfono 016 y un sistema de información estadística de datos relativos a violencia de género. El Consejo de Europa está compuesto por 47 estados miembros y su principal objetivo es desarrollar principios comunes democráticos y legales, mediante una serie de instrumentos jurídicos de protección ciudadana.
