El ministro de Justicia, Rafael Catalá, estuvo el viernes en Barcelona para participar en la festividad de los abogados de la capital catalana.

-La situación política en Cataluña es compleja. ¿Cuál es la solución?

--Las soluciones a los problemas en una sociedad democrática siempre están en la ley. Que las instituciones funcionen, que cada uno ejerza sus competencias y se fomente el diálogo y la colaboración. Todo eso en un contexto democrático.

-¿Es posible un diálogo con el futuro gobierno de Cataluña?

-No solo es posible, es que es obligatorio y necesario. El gobierno que se forme en Cataluña tiene que negociar, hablar y trabajar conjuntamente con el de España. Tiene que hablar de financiación autonómica, del desarrollo de la sanidad, de la educación...Nuestro modelo autonómico es de colaboración.

-¿Sin condiciones previas?

-Diálogo sin condiciones dentro de la ley y de la Constitución. Es un marco amplio y flexible que ha permitido 40 años de convivencia. Lo anormal es lo que ha sucedido en los últimos tiempos donde parece que los más radicales han contaminado los enfoques políticos desde Cataluña hacia el resto de España.

-¿En Cataluña se ha roto la convivencia?

--La percepción que he tenido es de un conflicto social grave e intenso. Es un conflicto social muy dirigido de unos hacia otros. No conozco a ningún constitucionalista que agreda, amenace o coacciones a un independentista y he conocido muchos casos de independentistas que si lo han hecho hacia los constitucionalistas.

-¿Es conveniente la reforma de la Constitución para un mejor encaje de Cataluña?

-No sé hoy lo que se ha de reformar en la Constitución. Manteniendo los pilares del modelo constitucional de igualdad de todos los españoles, la unidad de España, la soberanía nacional, que nos pertenece a todos y no a unos pocos, se puede hablar de todo. Cuando quieres hacer una reforma y te cargas los pilares se te viene abajo el edificio. Nosotros no vamos a entrar en eso.

-¿El movimiento independentista ha menospreciado el poder el Estado?

-Cuando van a declarar ante los jueces, algunos hablan que era una independencia virtual. No sé si por estrategia procesal o por convencimiento han puesto de manifiesto algo distinto de lo que decían hace unos meses. Por lo tanto, no sé cuando no dicen la verdad, si ahora o antes. Una cosa es el debate político, natural de una sociedad democrática y viva, y otra cometer delitos.

-¿La justicia es independiente?

-Es independiente, profesional y cualificada. Es paradójico que quienes tienen ese discurso político profundamente antidemocrático luego acuden a la justicia para impugnar posiciones, como ante el Tribunal Constitucional o los juzgados ordinarios. ¿Cómo las personas, instituciones o partidos que han protagonizado cuatro décadas de desarrollo democrático y armónico han descubierto de repente que España no es democrática y la justicia no es independiente? ¿Antes sí lo era? Hay contradicciones flagrantes.

-Carles Puigdemont y la diputada Anna Gabriel han huido al extranjero. ¿Acabarán entre rejas?

--Los ciudadanos tenemos la obligación de comparecer ante la justicia cuando nos cita y si ocupamos una posición institucional y una función política con mayor motivo. Cuando una persona que ocupa un cargo institucional, como presidente de la Generalitat o diputado, ha sido citado por la justicia y lo que hace es huir e intenta encontrar los tejemanejes que hagan difícil su retorno, está ante una circunstancia de escasa ética personal. Es vergonzoso huir de tus responsabilidades en la vida. Ni política, ni éticamente están haciendo ningún favor a nadie.

-¿Puigdemont puede ser presidente de la Generalitat desde Bruselas?

--Eso es inimaginable, pero no solo por un tema jurídico, sino por sentido común. ¿Cómo puede ser presidente alguien que no está cada día en el despacho? ¿Es que los catalanes han votado a un parlamento y a un gobierno para que los asuntos se lo lleven a distancia o por videoconferencia? Además es imposible porque la investidura es presencial.

-¿Hay presos políticos en España?

--Se está haciendo un gravísimo daño a la democracia y a la sociedad cuando alguien dice este tipo de cosas. Porque eso significa que en España se puede perder la libertad por opinar distinto y no es así. No hay presos políticos, sino que puede haber políticos que cometen delitos y políticos presos.

-¿Es conveniente que el artículo 155 de la Constitución se alargue más en el tiempo?

-La aplicación de ese artículo es una situación extraordinaria. Se pretendió garantizar el derecho de los catalanes, que no se parara la Administración y poner en marcha un proceso electoral. En cuanto se constituya un gobierno que cumpla con sus obligaciones estatutarias y constitucionales, el 155 dejará de estar en vigor.

-La retirada de una obra en Arco, penas de prisión para un rapero, ¿cree que la libertad de expresión en España no goza de buena salud?

-No lo creo. En España las libertades están garantizadas por las leyes, por la acción cotidiana de los tribunales. Ninguno de los derechos son absolutos, sino que conviven con otros. Uno no puede insultar, injuriar y calumniar. Para ese rapero no se ha dictado una sentencia por ser cantante, sino porque ha dicho que quería ver al rey Borbón con una soga en el cuello en la plaza o un autobús con glicerina y el PP dentro. Una persona tiene derecho a la libertad de expresión y a cantar, pero si a mí que se me está insultando, ¿no tengo derecho a la protección de mi honor?. La justicia pone esos derechos en orden y decide.

-¿España es corrupta?

-España no es corrupta, no es un país de corruptos. Si tomamos los datos de la Fiscalía General del Estado, los casos vinculados a la corrupción están por debajo del 1% de los delitos en general. Y aun así son muchos, pero el número es pequeño. Es verdad que tienen mucha repercusión social, pero cuantitativamente no es una cifra elevada. Hemos hecho reformas para que quien comete un delito de corrupción tenga una pena dura.

-La justicia está investigando o juzgado corrupción en las filas del PP. ¿Cómo afronta su partido esta situación?

-Estamos conociendo casos que afectan a muchos partidos. Nosotros tenemos un compromiso absoluto con la lucha contra la corrupción. Las personas que han cometido ese tipo de delitos han sido expulsadas del PP. Estamos colaborando con la justicia para que impongan las sanciones que corresponda.