El Gobierno español pedirá en la ONU que, a partir del 30 de octubre, se renueve el mandato de la misión de paz en el Sáhara Occidental (Minurso) y que se mantenga al representante especial del organismo, el peruano Alvaro Soto, para que alcance una solución política del conflicto "a partir del plan Baker pero con el margen suficiente como para permitir que se cree una dinámica negociadora que puedan aceptar" los marroquís y los saharauis.

Así lo aseguró ayer en el Senado el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, quien insistió en que España no traicionará a los saharauis y reclamará que el acuerdo final "pueda ser sometido a referendo".

Moratinos aclaró en el Senado que la posición socialista, contraria a votar una moción a favor de la autodeterminación del pueblo saharahui que se aprobó en la Cámara el pasado 14 de septiembre, sólo se debió a que proponía que la negociación debía hacerse en el exclusivo marco de la ONU, prescindiendo de ámbitos bilaterales. Ello suponía, según el ministro, atar de pies y manos a la diplomacia española. La explicación fue aceptada por el Partido Popular, que otorgó al Gobierno un "margen de crédito" cuando el ministro explicó la posición que adoptará cuando acabe el mandato de la Minurso.

PRESENCIA MILITAR Moratinos dijo que el deseo del Gobierno es que los cascos azules sigan en el Sáhara, "seis meses más como mínimo", aunque EEUU no está de acuerdo por razones presupuestarias. El ministro considera que los cascos azules disuaden de incidentes armados y favorecen el acuerdo diplomático. Además, España propondrá que Soto trabaje con las partes para lograr una solución "justa y definitiva".

Moratinos subrayó que el Gobierno intenta propiciar el diálogo y que, aunque la intermediación corresponde al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, se quiere contribuir al consenso entre las partes.