Los miembros de la organización terrorista ETA que a finales de enero mostraron las armas a los verificadores internacionales con el "compromiso verbal" de dejarlas fuera de uso en un piso de Toulouse (Francia), tras la grabación del encuentro, metieron las pistolas en una caja de cartón cerrada con un adhesivo y se quedaron con ellas, según han asegurado fuentes jurídicas.

Así lo ha contado Ram Manikkalingam (Sri Lanka) durante su comparecencia de este domingo por la mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que los citó para declarar como testigos sobre el paradero de los etarras con los que se reunieron. Las declaraciones han durado dos horas y media, aunque los detalles del encuentro los ha aportado el presidente de la Comisión Internacional de Verificación.

Sobre el vídeo y el encuentro en el que ETA iba a comprometerse con el inicio del desarme, los verificadores han explicado que a primeros de año recibieron una carta anónima en la que se les indicó que debían despazarse hasta Toulouse. Ciudad a la que llegaron en tren. Allí, los dos verificadores que aparecen en el vídeo distribuido el viernes por la cadena británica BBC, Ram Manikkalingam y Ronnie Kasrils (Sudáfrica), fueron recibidos por "un hombre con gafas y con gorro" que les esperó en un coche y les llevó directamente a un edificio, al que entraron por el garaje. Desde allí accedieron a una habitanción en la que habían dos hombres encapuchados, que en ningún momento se identificaron, frente a una mesa con el arsenal que mostraron para "dejar fuera de uso".

En la habitación, los encapuchados les ofrecieron una listado de armas y explosivos con el "compromiso verbal" de que las armas estaban selladas e inutilizados, un extremo que no llegaron a comprobar en ningún momento. Delante de ellos, según su relato al juez Moreno, los dos miembros de ETA introdujeron todo el material en una caja de cartón, la precintaron y se la quedaron.

El juez también se ha interesado por los honorarios de los verificadores y quién financian sus actividades. Estos han contado que cobran 750 euros al día, y que están financiados por un grupo de Amsterdam que se llama DAG y por parte de algún Gobierno escandinavo, según han explicado a este diario las mismas fuentes judiciales al corriente de las declaraciones.