«La conducta de los acusados supuso vincular abusivamente a la entidad Caixa Penedès a una serie de obligaciones económicas en su favor que no se contemplaban en sus contratos de trabajo y que no habían sido aprobadas ni conocidas en todos sus extremos por los órganos colegiados de dirección y control». Así de contundente es el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled al definir las conductas, a su entender delictivas, y que atribuye el exdirector general de Caixa Penedès, Ricard Pagès Font, y a otros tres exaltos cargos de la entidad de ahorro, a los que acusa de un delito de administración desleal.
Los cuatro imputados se sentarán a partir de hoy en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional, en Madrid. El que fuera director general de Caixa Penedès se enfrenta a una pena de tres años y seis meses de prisión, mientras que para los otros exdirectivos, Manuel Troyano (durante un corto periodo director general), Santiago José Abellá y Joan Caellas, la acusación pública exige tres años. El fiscal también reclama para todos que devuelvan el dinero que percibieron ilícitamente y que no se les deje volver a trabajar en la banca. Está previsto que el juicio, que se celebrará en principios en sesiones de mañana, dure, al menos, dos semanas, a raíz de los numerosos testigos y peritos citados por las partes.
La fiscalía sostiene que Pagès y su «círculo de directivos más próximos», es decir, el resto de los acusados, «actuaron de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espalda a los máximos órganos de gobierno». Para ello, a partir del 2001 se «autoconcedieron» derechos «económicos no contemplados en sus contratos», a través de unas pólizas de seguros que percibirían en el momento en que tuvieran que abandonar sus puestos de dirección.
La crisis financiera
La situación «dio un vuelco» en el 2009 al estallar la crisis económica y la restructuración del sistema financiero y saltó por los aires en el 2010 cuando la caja se integró en el grupo BMN (Banco Mare Nostrum), proceso que precisó apoyo financiero público a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). «La placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada», alega el fiscal. Por ello, los directivos decidieron «blindar» sus pensiones y buscaron la «cobertura formal con la que justificar» los derechos económicos que «clandestina e ilícitamente» habían conseguido años atrás.
«La inminencia de la integración en el Grupo BMN» y por si «pudieran aparecer nubes en sus hasta ahora despejadas perspectivas de retiro profesional», los imputados se «sirvieron de informaciones sesgadas, incompletas y fragmentadas» para lograr que los órganos directivos cambiaran sus contratos de alta dirección para «blindar» las pensiones. Cuando abandonaron la caja, dos de estos cargos cobraron sumas millonarias por este concepto. Como dice el fiscal: «La jugada era redonda».
