La familia de Francisco Franco coordina una ofensiva de recursos judiciales contra la exhumación que está provocando nuevos retrasos en el proceso en su sexto mes de tramitación. Esta podría alargarse hasta mayo próximo.
El Gobierno lleva tiempo sin comprometerse en público con un plazo para exhumar los restos de Franco. Todas las fechas que ha anunciado se han incumplido. Tras la moción de censura, Pedro Sánchez aseguró que el dictador estaría fuera del Valle de los Caídos antes de verano. Cuando el Ejecutivo aprobó la modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitirá el traslado, la vicepresidenta, Carmen Calvo, puso como fecha diciembre del 2018. Pero Franco sigue en su tumba de Estado.
En la Moncloa están convencidos de que ganarán todas las acciones judiciales de los nietos de Franco porque «se ha extremado el celo en el procedimiento para evitar sorpresas de última hora», pero al tiempo admiten su escaso margen de maniobra para acelerar. «Si una de las partes quiere dilatar un procedimiento como este, aunque no tenga razón, lo puede hacer. El sistema judicial es muy garantista», explican en el equipo de Calvo.
Aun así, en el Ejecutivo anticipan que el dictador podría salir del Valle de los Caídos en mayo, antes de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26, permitiendo a los socialistas encararlas con una de sus iniciativas más simbólicas ya ejecutada. Los cálculos del Gobierno coinciden con los plazos de los recursos que prepara el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina. Cuando se publique el decreto de exhumación las partes tendrán dos meses para recurrir. Utrera-Molina planea presentar recurso y pedir la suspensión cautelar de la exhumación ante el Supremo, con otro plazo de respuesta de 20 días.
LOS RECURRENTES
También recurrirán la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, la Fundación Francisco Franco y la comunidad benedictina de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Todas orbitan en torno a la familia Franco.
Los benedictinos alegarán que el decreto que inició el proceso les reconoce potestad sobre la basílica, donde yacen 33.833 muertos de la guerra civil, y alegarán daños a terceros, porque el decreto, al señalar que solo pueden yacer en el Valle muertos en combate o en retaguardia, implica tener que exhumar a 172 seglares y 19 monjes enterrados allí que, como Franco, no murieron en la guerra.
En la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial, en cuyo término está el Valle de los Caídos, se han presentado ya 15 recursos contra la decisión del Ayuntamiento de autorizar técnicamente la exhumación de Franco. Once ante diversos juzgados de lo contencioso y cuatro directamente al Ayuntamiento.
Uno de los recursos es de la familia Franco, otro de la Fundación Francisco Franco, y el resto de particulares, simpatizantes más o menos cercanos a la Fundación. En algunos, según fuentes municipales, «se repiten párrafos casi calcados». Estos recursos siguen tres vías de argumentación: supuestas irregularidades en el nombramiento del director de Patrimonio Nacional que firma el proyecto, que la obra atenta contra la protección especial urbanística del Valle de los Caídos o, en su mayoría, considerando incorrecta la licencia de «obra menor» que ha dado el Ayuntamiento. «Siguen cayendo recursos, y seguirán llegando. El Ayuntamiento se ha metido en un charco», advierte el concejal Carlos Zarco, de Alternativa Municipal Española, funcionario de Patrimonio Nacional.
El consistorio contestó a Justicia el pasado 30 de noviembre dando el visto bueno a un informe técnico de Patrimonio Nacional que valora los trabajos en 3.738 euros (con IVA). Según la respuesta municipal, a la que ha tenido acceso este diario, los trabajos consisten en «levantado de losas de mármol para posibilitar la retirada de la losa de granito» que tapa la tumba. Después, «retirada y depósito de la losa al lugar asignado para ello». Más tarde, la extracción de los restos del dictador, a la que seguirá una «formalización de muretes para el apoyo del forjado del hueco excavado, resolviéndose este mediante la colocación de rasillones y capa de compresión». Y por último, la «colocación de las seis losas de mármol negro de Marquina» (Vizcaya) y la «reposición de las losas que pudieran verse afectadas en la fase de retirada de la losa de granito».
NO FIRMA EL ARQUITECTO
El informe municipal ha sido firmado por el aparejador municipal, Antonio Rosado, y no por el arquitecto municipal, pese a que, estando prevista la construcción de un forjado -«Y eso afecta a la seguridad de las personas», recuerda el abogado Utrera-Molina- es preceptivo que firme el arquitecto.
El informe técnico no prevé detalles como que en el interior de la tumba no solo está el féretro de Franco. No dice qué se hará con las cuatro placas de metal con escudos que adornan el interior de la tumba.
El ayuntamiento considera esos trabajos «urbanísticamente admisibles» porque «son obras de recuperación encaminadas a la restitución de las condiciones originales» del templo. La normativa urbanística de San Lorenzo solo permite ese tipo de obra en los numerosos bienes protegidos de su término municipal. El Valle de los Caídos es uno de ellos.
Pero el cálculo del precio de la obra es muy optimista, en opinión del concejal Zarco: «Le cuesta más a cualquier vecino de San Lorenzo alicatar una cocina que abrir la tumba de Franco». La suma de Patrimonio no tiene en cuenta detalles como que habría que meter una grúa sobre ruedas en la basílica para elevar la losa de 2.000 kilos que tapa la fosa de Franco.
La secretaria municipal de San Lorenzo de El Escorial, Carmen Toscano, ha reconocido a los grupos políticos del Ayuntamiento que los recursos están «colapsando» el trabajo de los funcionarios. Los recursos están llegando a cuatro juzgados y el consistorio espera que los recursos presentados se acumulen en una sola causa, y que en esa causa se persone también el Ministerio de Justicia.
