Madrid sigue aún en la fase 2, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha estrenado la "nueva normalidad" con un juicio de los que despiertan expectación: el primero por las malas prácticas policiales presuntamente cometidas durante la etapa al frente del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz. Se trata del que tratará de determinará quién y por qué se introdujo un pendrive de origen desconocido en el 'caso Pujol' que investiga en la Audiencia Nacional.
Durante la primera sesión el exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino, que se enfrenta hasta a 10 años de cárcel, que pide para él la acusación que ejerce Podemos, se desvinculó del polémico pendrive que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata apartó de la causa para evitar la contaminación del procedimiento seguido contra la familia del expresidente de la Generalitat al desconocerse su origen.
Coacciones
Pino explicó que compareció ante el juez De la Mata para colaborar y aclarar el origen del dispositivo por su amistad con el entonces comisario jefe de la Audiencia Nacional y que todos le gritaban hasta el punto de que estuvo a punto de denunciar por coacciones al instructor. A eso atribuyó la declaración que prestó en la que se refirió a un pendrive que le entregó el entonces responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, a finales de 2012 o principios de 2013.
Aseguró que intentó verlo, pero como su ordenador tardó mucho en abrirlo, no llegó a hacerlo y sostuvo que Martín Blas, con el que llegó a decir que tiene "una enemistad manifiesta", aunque fueron amigos, le dijo que se lo habían dado "estos", lo que entendió como propio de los colaboradores con los que el cuerpo contaba en la agencia de detectives Método 3.
Por su parte, su subordinado, Bonifacio Díez Sevillano, sostuvo que nunca tuvo relación con el pendrive y que cualquier prueba se entregaba siguiente el protocolo correspondiente. Sin embargo, el inspector jefe José Manuel Álvarez Luna, ahora al frente de la Udef, declaró que a él se lo dio su entonces jefe, el comisario principal Manuel Vázquez, al que le había llegado de Sevillano procedente del director adjunto operativo (DAO). El origen se lo sitúan en Método 3, pero no le dan más datos.
Según Álvarez Luna, cuando lo recibió hizo copias y luego lo dejó en un cajón hasta que en 2017 lo encuentra y se lo entrega al comisario José García Catalán y este lo lleva a la Audiencia Nacional.
"En absoluto" respondió Álvarez Luna haber sabido que su contenido era relativo a Jordi Pujol Ferrusola, que ejerce la acusación particular. "Nunca he recibido ninguna orden para hacer nada, sino para ver qué contenía. El DAO lo que dijo que miráramos eso", en referencia en su contenido, lo que consideró la forma habitual de trabajo policial.
Cuestiones rechazadas
La vista se había iniciado con las cuestiones previas, que fueron en su totalidad rechazadas por el tribunal. La única que se admitió en parte, pero de cara a facilitar su trabajo a Cristóbal Martell, abogado del primogénito del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, que volvió a intentar suspender la vista oral por no encontrarse en plenitud de sus facultades por una lesión muy dolorosa en el hombro.
La abogada María Ponte, en nombre de Bonifacio Díez, había intentado neutralizar la acusación de Podemos, la más grave de todo al superar la petición de 10 años de prisión, al entender que la doctrina Botín y Atutxa impide que Podemos pueda acusarle por un delito que no contemplan ni la fiscalía, que pide la absolución, ni la acusación que ejerce Jordi Pujol Ferrusola. La acusación de Podemos calificó de extemporánea estas afirmaciones, porque debían haberlas planteado al dictarse el juicio oral.
