El exsecretario general de UGT en Andalucía Francisco Fernández Sevilla se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar ante el juez por la supuesta financiación ilegal del sindicato mediante "la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación". Fernández Sevilla ha defendido su inocencia y se ha escudado en que falta documentación que aún no ha sido incorporada a las diligencias.

El juez que instruye este caso imputó a Fernández Sevilla y su antecesor, Manuel Pastrana, por los posibles delitos de falsificación y fraude en las subvenciones recibidas para los cursos de formación tras la petición en este sentido de la Fiscalía, que entendía que ambos fueron, no solo conocedores de las irregularidades que se han detectado, sino que pudieron organizarlas. Tras conocer su imputación, Pastrana, líder del sindicato durante 15 años, pidió aplazar su declaración a causa de un brote de la enfermedad degenerativa que padece.

Fuentes judiciales han señalado que la causa, en la que están imputadas otras 16 personas, aún no tiene incorporada cierta documentación intervenida durante los registros policiales a la sede de UGT Andalucía el pasado mes de diciembre, unos datos que Fernández Sevilla entiende que podrían ser "de interés para la investigación". En cualquier caso, el exlíder sindical ha mantenido su inocencia. Ninguna de las partes personadas han reclamado la imposición de medidas cautelares.

UNA CENTRAL DE COMPRAS

Según sostienen el juez y el fiscal, Pastrana y su entonces secretario de organización Fernández Sevilla implantaron en el sindicato una "central de compras" que se convirtió en el "mecanismo esencial" para cometer el fraude. Las tres vías en las que este se llevó a cabo fueron el rápel, un descuento de los proveedores que no aparecía posteriormente reflejado en las facturas con las que se justificaban las subvenciones; el bote, que se generaba mediante facturas simuladas de proveedores de confianza, o el conocido como "canon revolucionario", que suponía la retención por sistema de parte del dinero de la subvención. De esta forma, según Anticorrupción, la mayor parte de la actividad ordinaria de UGT-A se sufragó con fondos de las subvenciones destinadas a formación.