Carlos Fabra se defendió ayer de las acusaciones del empresario Vicente Vilar que han supuesto su imputación por delitos contra la Administración Pública, entre ellos cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Lo hizo en el juzgado número 1 de Nules, ante cuya titular, Isabel Belinchón, reconoció haber cobrado de Vilar, pero siempre por informes reales sobre aspectos "laborales y financieros" del grupo Naranjax, propiedad del empresario. Según diversas fuentes jurídicas, el presidente de la Diputación de Castellón presentó a la juez estos estudios, realizados por Carmacas, la asesoría que Fabra compagina desde 1995 con su cargo político.

El político del PP admitió también que se reunió en otoño del 2000 con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, en presencia de Vilar, pero "para tratar de cosas generales" y no para forzar la autorización de productos fitosanitarios, y negó haber mediado ante el presidente José María Aznar. Vilar aseguró, en dos querellas contra Fabra, que pagó al político para que influyera ante el Gobierno en la "agilización" de permisos de fabricación de plaguicidas y herbicidas, uno de los cuales llevaba paralizado "más de dos años". Según Vilar, un mes después de una reunión celebrada en 1998 con el ministro de Agricultura, Jesús Posada, este producto fue autorizado.

REUNION CON MINISTROS Fabra nunca ha negado que intercediera ante dos ministerios y, tanto Posada como otros altos cargos del PP han admitido haberse reunido con él. El ahora imputado basa su defensa en que nunca cobró por estos contactos y en que sus actividades siempre han sido compatibles con el cargo que desempeña.

Ni el dirigente del PP ni su esposa, Amparo Fernández, que también declaró como imputada, respondieron a las preguntas del abogado de Vilar. El abogado de Fernández afirmó a la salida que Fabra negó haber recibido 150.000 euros del industrial, y acusó a Vilar de "fabricar" las pruebas porque "es un psicópata".

"INTENTO DE CACERIA" El letrado achacó a esta supuesta enfermedad mental de Vilar "su intento de cacería contra Carlos (Fabra)", y afirmó que la juez no ha pedido nuevas actuaciones, extremo confirmado por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Javier Arias, que ha decidido encargarse personalmente del caso.

Tras la comparecencia, algunas personas gritaron a Fabra "ladrón" y "a la cárcel". No obstante, el dirigente popular también tuvo quien le apoyara: una veintena de cargos públicos nombrados por él.