Inmerso aún en la tremenda crisis que supuso la anterior sentencia de la trama Gürtel, que ha acabado con el Gobierno de Mariano Rajoy y con el liderazgo del ya expresidente, el PP recibió ayer un nuevo mazazo, no por esperado menos doloroso. Solo el enorme impacto del último golpe matizó el daño de la sentencia de la Audiencia Nacional que dio por probado que también los populares de la Comunidad Valenciana tenían su propia caja b en la época de Francisco Camps en connivencia con el grupo de empresas de Francisco Correa.

El fallo del Juzgado Central de lo penal da por probado que la otrora poderosa franquicia popular valenciana acudió dopada a las municipales y autonómicas del 2007 y a las generales del 2008. Un escándalo que cifró en dos millones de euros solo en lo actos de campaña, pero que elevó a un total de 3,2 millones con otros fuera de ese periodo. Según el magistrado José María Vázquez Honrubia, la financiación de los populares fue «tan absolutamente irregular» que fue «delictiva».

La sentencia impone cuatro años de prisión, dos por delitos electorales y otros dos por falsedad documental, a Ricardo Costa, el exsecretario general del PP valenciano. La mano derecha de Camps en el partido. Y eso que el castellonense se benefició del atenuante de confesión y colaboración. Lo mismo ocurrió con Correa, que además lo hizo por haber devuelto parte del daño, con su socio Pablo Crespo y con su empleado Álvaro Pérez, el Bigotes. Todos ellos cargan también con delitos contra la Hacienda Pública. El Bigotes, con seis años y nueve meses de prisión a sumar a los que ya tiene por otras causas, fue el peor parado. A sus jefes les cayeron unos cinco años.

Ellos y Costa confirmaron en el juicio la tesis que la fiscalía había construido sobre la sólida confesión previa de nueve empresarios que, como recompensa a haber hablado antes del juicio, recibieron penas de menos de dos años que serán conmutadas por multas de entre 100.000 y 150.000 euros. El magistrado habla de sus aportaciones como «soborno en diferido», pues se situaban en una «situación privilegiada» para adjudicaciones públicas.

La sentencia recoge como hechos probados que los dirigentes populares «no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente» y que «con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral» contrataron a Orange Market «servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros». Es decir, muy poco en dinero regular, bastante en dinero negro y mucho por medio de empresarios.

Detalla el auto que algunas empresas, entre ellas las de Vicente Cotino, sobrino del exconseller Juan Cotino, y la de Enrique Ortiz, implicado también en el caso Brugal, pagaron a Orange Market servicios que no se habían producido.

RAMBLA, ABSUELTO / El mejor parado de todos los encausados fue el exvicepresidente de la Generalitat y del PP valenciano Vicente Rambla, que resultó absuelto, aunque cuestionado. El auto destaca que no hay «una sola prueba» de que captara a empresarios para la financiación, aunque apunta que «evidentemente omitió un actuar más que ético», pues tuvo que ser consciente de que los gastos eran excesivos, y dice que tuvo una «ceguera voluntaria». «Siendo posible la comisión del delito pero existiendo una probabilidad razonable de que no lo hiciera, procede declararle no culpable y por tanto a su respecto dictar sentencia absolutoria”, explica.

Entre los condenados del PP están la extesorera Yolanda García (cuatro años), la exgerente Cristina Ibáñez (tres años y cuatro meses) y el exdiputado David Serra (tres años y ocho meses).