Las familias de los republicanos Manuel y Ramiro Lapeña y de los nacionales Pedro Gil y Juan González pedirán a la ONU que inspeccione la recuperación de los restos de sus allegados en el Valle de los Caídos. El abogado de las familias, Eduardo Ranz, prepara un informe para la oficina en Ginebra de Pablo de Greiff, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación. Ranz solicitará supervisores in situ que certifiquen la diligencia y neutralidad de la Administración para facilitar las exhumaciones, a las que dio vía libre el 9 de mayo del 2016 el Juzgado de Primera Instancia 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Ese fallo lleva camino de convertirse en una sentencia récord por la demora en su cumplimiento. Hace dos años, Patrimonio Nacional (PN), dependiente de Presidencia del Gobierno que regenta el monumento, consideró que el fallo no le vinculaba directamente. En noviembre del 2017 cambió de opinión, pero la abadía del Valle de los Caídos recurrió el fallo, hasta que, por orden del obispado, retiró el recurso este marzo.

Las últimas negativas de Patrimonio Nacional impulsan el recurso a la ONU. «Necesitamos testigos de lo que está ocurriendo con este proceso», explica Ranz. El 23 de abril, cuando los técnicos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción analizaron el estado de la cripta, un ejecutivo del Patrimonio Nacional negó el acceso a las familias. También se les negó la posibilidad de contar con un peritaje independiente al impedir la entrada al forense Francisco Etxeberria, experto en fosas comunes que, contra el criterio de la Administración, cree que no todas las tumbas del Valle de los Caídos están en ruina por humedad.

Esta semana, los técnicos redactan un informe que debe responder a dos preguntas: en qué estado se encuentra el piso tercero de la cripta del sepulcro y qué obras habría que llevar a cabo si no fuera posible el acceso.