La segunda jornada del juicio por el expolio del Palau de la Música ha arrancado este jueves en la Ciutat de la Justícia con la oposición del fiscal Emilio Sánchez Ulleda las solicitudes realizadas por el extesorero de CDC Daniel Osàcar, dos directivos de Ferrovial acusados y el resto de imputados de prescripción de sus delitos por el paso del tiempo. En su opinión existe en todos ellos una conexión delictiva que transcurre a lo largo de varios años y causa un perjuicio a la sociedad "en el contexto de la financiación ilegal" de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC). La acusación pública también ha defendido la legalidad de las pruebas incriminatorias halladas por los Mossos en los ordenadores del Palau y que apuntan al supuesto pago de comisiones del 4% por las obras en la Línea 9 del metro y la Ciutat de la Justicia, justo el complejo donde se está desarrollando la vista.
Sánchez Ulled se ha opuesto a la prescripción del delito de tráfico de influencias que se atribuye al extesorero del CDC porque hay conexidad con el de blanqueo de capitales y se tiene que tomar como referencia este delito para contabilizar la prescripción. "Hay una continuidad delictiva", ha dicho.
Respecto a los dos acusados de Ferrovial, el fiscal ha mantenido que los delitos tampoco han prescrito para ellos. Y ha agregado: "La administración desleal (delito imputado a los dos directivos de la constructora) no aparece en el marco de la gestión entre la empresa, sino que es el contexto de la financiación ilegal de un partido", ha argumentado el fiscal. Ha insistido también que estos pagos "no son necesarios para el manual de desarrollo del objeto social" de la empresa y supone un "abuso". "Me extrañaría que en una sala de juicio alguien dijera que las comisiones ilegales" son necesarias para tener obra pública, ha insistido.
Sobre la responsabilidad Civil de CDC, ha argumentado que los 6,6 millones que le reclaman no es por este concepto, sino como decomiso (que se le intervenga el dinero), pues hay "una afectación del interés general".
DATOS INCRIMINATORIOS
El fiscal ha negado, asimismo, que se hubiera vulnerado derechos fundamentales y se ha extendido en defender la legalidad del material informático hallado en el Palau de la Música, alegando que no se ha roto la cadena de custodia. Esta información se copió en un CD, se entregó a los peritos y, al devolverlo, se constató que estaba dañado. Para subsanar esta situación, los peritos aportaron el material que tenían en el ordenador y se comparó con otra copia realizada después en el servidor informático del ordenador. "Es una valoración de prueba sobre la fiabilidad de los documentos", ha dicho Sánchez Ulled.
El fiscal se ha posicionado en contra igualmente de las prescripciones reclamadas por el resto de acusados menos en el caso de la empresa Publicitat y su directivo Marc Martí, para el que ha reconocido que el delito está prescrito. El tribunal ha hecho suyas las alegaciones de la acusación pública y ha absuelto este mismo jueves a este investigado, para quien el fiscal solicitaba tres años de prisión por falsedad documental. Los magistrados también han atendido la petición de los abogados que defienden las responsabilidades civiles de algunas empresas para que puedan ausentarse.
Los jueces resolverán sobre el resto de las cuestiones previas el próximo día 8, cuando empezará la declaración de los acusados. Será entonces cuando se certificará el acuerdo al que ha llegado la fiscalía y Jordi Montull, mano derecha de Félix Millet, y su hija, Gemma. Fuentes jurídicas han asegurado que será la hija quien confesará el pago de comisiones de Ferrovial a CDC, a través del Palau, y su padre ratificará sus palabras. La incógnita sigue siendo qué hará Millet que, este miércoles, ha conversado con Montull antes de que se iniciase el juicio.
