El fiscal de Sala del Supremo Javier Zaragoza ha sido quien ha tenido el honor de ser el primero en defender las conclusiones finales del ministerio público y no se ha andado con chiquitas y ha tachado lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017 de "golpe de Estado". La expresión hasta ahora había sido utilizada por la acusación que ejerce Vox, pero no por el ministerio público que hasta ahora se limitaba a considerarlo un ataque a la Constitución y contra el orden constitucional.

Ha negado que haya presos políticos y que el juicio criminalice la disidencia política o la persecución de las ideas políticas y no ha dudado en tachar de "cinismo" el acusar de no dialogar a quien cumple y defiende la Constitución, y de "experto en sofismas" al líder de ERC Oriol Junqueras por el alegato con el que comenzó el juicio en el que entre otras ideas planteó que "votar no es delito, pero impedirlo por la fuerza, sí".

Zaragoza ha comenzado el informe con los grandes principios: "El objeto de este juicio nada tiene que ver con la criminalización de disidencia política, no se persiguen ideas políticas, ni la represión de proyectos políticos. Y los acusados y sus terminales son conscientes de ello. La razón es haber intentado liquidar la Constitución, instrumento básico de nuestra democracia; haber atacado el orden constitucional con procedimientos ilegales y utilizando la violencia cuando le ha sido necesario al amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que adolece de apoyo normativo nacional ni internacional".

Explicó la violencia en los actos descritos por los testigos que propuso, especialmente el centenar de policías y guardias civiles y sostuvo que el término utilizado puede llegar a varias de dónde ocurra hasta llegar a referirse a "violencia pacífica".

El exfiscal de la Audiencia Nacional no ha desaprovechado ni la última sentencia de Estrasburgo que rechazó la demanda de 76 diputados contra la suspensión del pleno del Parlament en el que se iba a declarar la independencia, ni una de las leyes aprobadas por esa Cámara con ese fin: la ley de transitoriedad tampoco reconoce el derecho de autodeterminación para los territorios que así lo quisieran. "No hay ni una sola resolución de la ONU que ampare la autodeterminación de un territorio en un estado democrático con este autogobierno", dijo.

VIOLACIÓN DE DERECHOS DE QUIEN LA DEFIENDE

Tampoco existe un derecho a decidir, ni "un derecho moral a la secesión sino que lo que hay es un derecho cívico a defender la Constitución, la más incluisiva desde el XIX", para a continuación decir que "quizás haya que decir que la única violación de derechos civiles que en estos momentos se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo estoicamente y pacientemente aquellos que defienden la Constitución".

Y mientras Zaragoza iba hablando hilaba una cosa con otra para incluso referirse al informe del grupo de trabajo de la ONU que tacha de arbitraria la prisión de nueve de los 12 acusados. Así hasta afirmar que es "un ejercicio de cinismo impresionante" acusar de no dialogar a "quien rompe la legalidad democrática y se niega a dialogar con quienes acatan las reglas democráticas y las leyes democráticamente aprobadas". Y parafraseando a Junqueras recordó que dijo que "votar no es un delito, pero impedirlo por la fuerza sí", cuando lo que se persigue es incumplir reiteradamente las resoluciones judiciales, incluidas las que persuguen un referéndum ilegal, que ha sido delito en todos los Códigos Penales".

Justo antes de referirse a cada uno de los acusados, todavía Zaragoza validó la declaración unilateral de independencia. "¿Desde cuándo depende de su publicación en el boletín oficial?", dijo para afirmar que "siempre han consistido en lecturas de manifiesto como se hizo en el Parlament".

ACUSACIÓN UNO A UNO

El fiscal comenzó a pormenorizar la responsabilidad de cada uno de los acusados empezando por Oriol Junqueras al que situó en el "sanedrín" del 'procés' y calificó de "motor principal de la rebelión", en la que "la movilización popular es una de las armas imprescindibles para empujar el 'procés'". Y entre los indicios que citó en su contra no faltaron sus manos derechas en Economia Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, en cuyos domicilios se encontraron los documentos claves de estructuras del estado y la hoja de ruta del proceso independentista.

Después le llegó el turno a Joaquim Forn, por el protagonismo que tuvo en apenas tres meses en la Conselleria de Interior, con sus declaraciones sobre el referéndum y la actuación de los Mossos. Zaragoza en este punto lo que destacó fueron las actas levantadas por los agentes, en las que los binomios defienden que no podían cerrar los colegios por haber personas vulnerables en las puertas.

En cuanto a los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el fiscal llega a afirmar que el 20 de septiembre de 2017 en las puertas de las Conselleria de Economia "hubo un estado de excepción de facto". En su opinión "excepcional" fue todo "lanzar a dos millones de personas" contra las fuerzas de seguridad que quisieron impedir el referéndum ilegal.

"No podemos aceptar que quienes se sitúan fuera de la legalidad democrática tilden de antidemocrático a quienes defienden esa legalidad", como si lo antidemocrático fuera defenderla. Y concluyó diciendo que tienen todo el derecho a defender sus ideas independentistas, pero "no nos las impongan", concluyó.

1.093 HERIDOS

El relevo lo tomó Jaime Moreno, que insistió en algunos puntos de su antecesor: "La idea no es si votar o no votar es delito, sino que la democracia no es posible si no es posible se respeta la ley"; o "no se enjuicia a quienes fueron a votar, sino si unos dirigentes del Govern, mediante un golpe a la legalidad constitucional, se sirvieron de la violencia para impedir la actuación de quienes se les oponían".

Como ostentaban los centros de poder no tuvieron que tomarlos, añadió para completar la idea que "solo tenían que cortar la amarra" que conectaba la "comunidad autónoma con el resto de España".

Y se produjeron "1.093 heridos" y, por tanto violencia ante un "uso de la fuerza que resulta legítimo, legal y necesario, porque era la forma de dar cumplimiento a la orden judicial". "No creo que tras lo oído en el juicio pueda negarse que hubo violencia en las cosas", por los coches destrozados, y contra las personas por las pedradas con las que el convoy policial fue recibido en Sant Carles de la Rapita, por ejemplo, y hasta "intimidación porque la presencia en cada centro de un número de personas llamadas por los acusados en presencia numérica mayor" para defender el referéndum ilegal.