Madrid. -- El fiscal de la Audiencia Nacional que investiga el accidente aéreo del Yak-42, Fernando Burgos, considera procedente exhumar los 30 cadáveres de militares fallecidos que fueron mal identificados, así como que declaren como imputados los oficiales que extendieron los partes de las autopsias.Así lo expone el fiscal en un informe remitido a la jueza instructora de esta causa, Teresa Palacios, en el que ordena la "exhumación y la toma de muestras para la confirmación de las identidades de los cadáveres que puedan hallarse en cada uno de los féretros".Para ello, pide que una comisión judicial asegure la cadena de custodia de las muestras, que se dispongan todos los medios en el lugar más próximo posible al de la exhumación y que se dé la "máxima prioridad" al estudio y elaboración de los informes.Un total de 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán fallecieron el 26 de mayo de 2003 al estrellarse en Turquía el avión en el que viajaban hacia España.El fiscal pide en su informe a Palacios que se confirme la incineración de seis de los cadáveres de los que no se han solicitado exhumaciones y, en caso negativo, proceder a la audiencia previa de sus familiares. Asimismo, reclama que declaren como imputados el comandante médico J.R. Ramírez García y el capitán médico M.A. Sáez García --que fueron los encargados de extender los partes de las autopsias--, y los generales Vicente Carlos Navarro y José Antonio Beltrán, "responsable de la actuación médica el primero y coordinador de operaciones el segundo".Además, reclama que declaren como testigos el general de brigada del Ejército del Aire Francisco Sánchez Borrallo, jefe de la representación española en la comisión de investigación interestatal del accidente, y el oficial del Cuerpo Jurídico Militar y comandante auditor Ruiz de los Paños, incorporado a la comisión española como asesor de los trámites legales.Tras examinar la documentación sobre la contratación del vuelo siniestrado, el fiscal constata la existencia de un "grupo de control del contrato" formado por personal de la Sección de Logística Operativa de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto. Por lo tanto, considera procedente llamar como testigo al oficial o coordinador de ese "grupo de control" o a todos sus componentes.El fiscal no se pronuncia, sin embargo, sobre la declaración del ministro de Defensa en el momento del accidente, Federico Trillo, como habían reclamado los familiares de las víctimas.