El juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9-N finalizará este viernes como empezó, al menos en lo que se refiere a las penas que se ciernen sobre los encausados. El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha mantenido todas las acusaciones contra el 'expresident', la exvicepresidenta y la 'exconsellera' d’Ensenyament por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por haber impulsado la consulta alternativa del 9-N. El representante del ministerio público ha elevado a definitiva su petición de 10 años de inhabilitación para Mas y nueve años para Ortega y Rigau. Las defensas reclaman la absolución.

Este viernes, tras los informes finales del fiscal, la acusación popular y las defensas, los tres investigados tendrán la posibilidad de hacer uso de un último turno de palabra. Después, el juicio quedará visto para sentencia y, ya fuera del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, Mas, Ortega y Rigau volverán a intervenir en el Palau de la Generalitat, cortejados de nuevo por el 'president' Carles Puigdemont.

LOS VOLUNTARIOS

En la cuarta sesión del juicio, cinco voluntarios del 9-N han desvinculado al Govern de la gestión de la jornada, aunque han afirmado que desconocían los detalles de la organización y sus preparativos, así como quién estaba detrás del teléfono que centralizaba el escrutinio y solventaba incidencias. Todos han explicado que se limitaron a cumplir su tarea, a la vez que han concretado cómo se inscribieron a partir de la página web informativa y recibieron el correo de confirmación. Uno tras otro han insistido que el día de la votación solo vieron voluntarios.

Uno de los testigos, ayudante de mesa en el IES Pau Vila de Barcelona este punto de votación, ha relatado que recibía a las personas que querían participar, revisaba su DNI y comprobaba si estaba todo en orden. “Cuando llegué, a las 8 de la mañana, ya estaban preparados los ordenadores, las urnas, algunos papeles blancos, rotuladores…”, ha explicado. También ha asegurado que solo recuerda la presencia de voluntarios: “Nadie se identificó como funcionario de la Generalitat, eran voluntarios que se habían prestado”, ha incidido.

Los testigos han negado que recibieran instrucciones de la Generalitat, y que únicamente se les facilitó un manual y un número de teléfono al que debían llamar para informar sobre los datos de participación. La fiscalía rechaza que el proceso quedara en manos de voluntarios y sostiene que el Govern impulsó la consulta a pesar de la prohibición del Constitucional.

FRICCIONES POLÍTICAS

Gemma Calvet, exdiputada en el Parlament por ERC y redactora de la ley de consultas, ha declarado que la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la votación comportó “fricciones políticas importantes” entre los partidos independentistas porque, a raíz de aquello, el Govern de Mas "devaluó" la consulta propuesta inicialmente, lo que a su entender evidencia que el Ejecutivo de CiU actuó siempre con "esfuerzo" para ceñirse a la legalidad. Calvet, que fue voluntaria aquel 9-N, ha aprovechado su testimonio para introducir una perspectiva política, denunciar la "parálisis democrática" del Estado y sentenciar: "Aquí tal vez debería haber 2,3 millones de acusados".

Por su parte, los peritos de la Guardia Civil que analizaron los programas instalados en los ordenadores que se utilizaron el 9-N han afirmado que se cargaron archivos en los aparatos a partir del 4 de noviembre del 2014, el mismo día en que el TC prohibió la consulta alternativa.