El juicio por la destrucción de los ordenadores que el extesorero del PP guardaba en la sede central del partido en la madrileña calle de Génova no ha hecho que ninguna parte moviera sus posiciones, salvo una de las acusaciones que solo atribuía un delito de daños informáticos y que en línea con las demás, ahora considera que se cometierono dos. La fiscalía, alineada con la defensa, considera que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que las acusaciones solicitan que la formación sea multada con hasta 10,8 millones de euros por dos delitos de daños informáticos.

Esa es la petición de Izquierda Unida para el PP, como persona jurídica, mientras que también solicita que a su extesorera Carmen Navarro, su responsable jurídico, Alberto Durán, y el informático, Juan Manuel Moreno, cuatro años y medio de prisión por estos daños en concurso con encubrimiento.

El Observatori Desc es quien más ha modificado sus conclusiones, al apreciar que se cometieron no un delito de daños, sino dos, para solicita multa de dos millones de euros para el partido. En sus conclusiones provisionales solo solicitaba la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y prohibición de recibir donaciones durante cinco años.

Para la extesorera del PP pedía dos años de cárcel por un delito de daños informáticos y encubrimiento y ahora solicita cuatro; mientras que para el abogado y el informático interesaba la imposición de una condena de un año y once meses y un año y diez meses, respectivamente, y ahora dobla su petición a casis cuatro años para cada uno ellos.

Adade propone que el PP sea multado con 108.000 euros por daños informáticos y que la extesorera y el abogado de la formación sean condenados con dos años de prisión por ese delito y el de encubrimiento; mientras que para el informático pide solo un año de cárcel.

CONTRA LAS CUENTAS DE BÁRCENAS

Por su parte, las defensas solicitaron la absolución de todos los acusacios y el abogado del PP, Jesús Santos, alegó que se habían incluido hechos nuevos, alegación que el juez resolverá en la sentencia. El letrado no pidió la suspensión del juicio, porque dijo negar la mayor, que se cometiera delito.

A nadie se le escapa que el proceso cuyo juicio concluye este viernes tiene una relación directa con otras causas, como el propio 'caso Gürtel' y, especialmente, una de sus piezas principales, la que dilucidará si el partido se financió durante al menos 18 años de una caja b. De hecho lo que se juzga es si la destrucción de los ordenadores obedeció a un intento de obstaculizar esta investigación que aún está pendiente de juicio, después de que se reabriera a partir de los declarado por el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, en el juicio de la primera época de esta trama de corrupción.

El PP ha pedido con éxito que se tenga en cuenta como prueba documental el auto de la Audiencia de Toledo que ha confirmado el archivo de la causa que se abrió allí para investigar si hubo un pago de comisiones por el contrato de basuras. El último perito en declarar, también propuesto por la fiscalía, siguió en la misma línea que los de parte que comparecieron este jueves, ya que parecía que su objetivo era cuestionar la contabilidad manuscrita seguida durante años por parte de Bárcenas.