Un nuevo atestado de la Guardia Civil, aportado por la fiscalía en el procedimiento abierto por sedición en la Audiencia Nacional, puede hacer que la causa en la que está imputado el 'major' de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, se amplíe a la actuación de este cuerpo el 1-O. Hasta el momento se limitaba a las protestas de los días 20 y 21 de septiembre, por lo que para evitar indefensiones o nulidades el ministerio público ha solicitado a la jueza Carmen Lamela la suspensión de las declaraciones previstas. La magistrada volverá a citar a los cuatro previsiblmente para la próxima semana cuando la documentación esté digitalizada.

Fuentes fiscales han apuntado a que será tras esas nuevas declaraciones cuando adopte una decisión sobre la necesidad de imponerles medidas cautelares con mayores indicios de imputación contra ellos. En un comunicado difundido por el ministerio público se añade que en caso de que cuando vuelvan a ser citaddos no comparezcan "sin causa justificada serán conducidos por la fuerza pública al juzgado".

El nuevo atestado no solo amplía los datos relativos a las protestas contra los arrestos y registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, sino que se refiere a hechos "precedentes y posteriores", incluso, relacionados con el 1-O, en los que habrían participado las mismas personas citadas en la Audiencia. Se trata de Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de ANC y Ômnium Cultural. El documento, de unas 300 páginas y con documentos de audido y vído, también señala a personas aún no imputadas, pero será la magistrada la que tenga la última palabra sobre si debe ampliarse a ellas la causa por sedición.

Pese a la petición de suspensión, Trapero ha querido declarar ante la magistrada para negar las conclusiones del atestado de la Guardia Civil que le atribuía haber requerido hasta en seis ocasiones la intervención de los mossos. La que no lo ha hecho ha sido la intendente Teresa Laplana, debido a su estado de salud, para lo que se había previsto que lo hiciera por videoconferencia.

El siguiente en comparecer ante la jueza fue el presidente de Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, que se negó a contestar a ninguna pregunta. Después lo hizo el de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, que sólo quiso contestar a su abogado y básicamente no reconocía la competencia del tribunal al no haber cometido ningún delito.

Medidas excepcionales

Trapero abandonó el tribunal entre los aplausos de los diputados de PDECat, ERC, En comú Podem, PNV y Bildu, que acudieron a apoyarle, y los gritos de "traidor" de una decena de personas que esperaba al otro lado de la calle Génova.

En ningún momento se produjo un problema de seguridad, ya que la Audiencia ha extremado las medidas habituales. Los diputados no pudieron acceder al lugar habitual en el que se hacen declaraciones en la Audiencia y optaron por un parque anexo, situado en la misma plaza de la Villa de París. Las personas que increparon al 'major' se encontraban al otro lado de la calle Génova.

En su denuncia, la fiscalía apuntaba a Sànchez y Cuixart y reproducía sus palabras para animar a la concentración que acosó a la comisión judicial enviada por el juzgado 13 para registrar la ‘Conselleria’ de Economía. La letrada de la administración de justicia (antes secretaria judicial) tuvo que salir por la azotea a un teatro cercano y algunos de los guardias civiles del dispositivo estuvieron hasta 18 horas en el interior del edificio. En esa protesta también se destrozaron vehículos de la Guardia Civil.