PEDRO RUBIRA , fiscal de la Audiencia Nacional, pidió ayer la anulación del auto que abría la puerta a conceder el tercer grado al exgeneral Enrique Rodríguez Galindo, basándose en que no se consultó con el abogado acusador del caso Lasa y Zabala , Iñigo Iruin, antes de aplicar a Galindo el régimen general de cumplimiento de penas.
