La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que centre en Neurona la investigación abierta sobre presunta financiación irregular de Podemos a raíz de los hechos denunciados por el exabogado de esta formación José Manuel Calvente. En opinión del ministerio público, solo debe seguir adelante con la parte de la investigación relativa al contrato suscrito ente el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting para las elecciones del 28 de abril, al que aludía el Tribunal de Cuentas en uno de sus informes, porque el resto de asuntos incluidos en las actuaciones son "rumores, sospechas o suspicacias" sin datos que los corroboren, por lo que acordar una batería de diligencias a partir de ellos resultaría "completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática".
Calvente, que trabajó como abogado en la formación política desde agosto de 2014 al pasado mes de diciembre, denunció varios asuntos: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular; el acceso "inconsentido" al contenido del disco duro de una de las trabajadoras de la formación (la también abogada Marta Flor Núñez); la licitación irregular de obras, fundamentalmente la adjudicación "a dedo" de las de acondicionamiento del inmueble sito en la calle Francisco Villaespesa 18 de Madrid, y la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de contratos con Neurona Consulting y ABD Europa.
La Fiscalía solo aprecia la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo" en este último punto. Explica que de la información bancaria remitida resulta que Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive) por un importe total de 308.257,20 euros "cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores"
No obstante, todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de prestación de servicios (Burger King, Uber, Museo del Jamón..) así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, pero no constan "gastos de personal, medios materiales o locales" propios de una actividad empresarial.
No a anular la causa
La Fiscalía rechaza la nulidad de actuaciones planteada por Podemos por no constar en la causa la grabación completa, porque "si lo desea, no tiene más que solicitar una copia". Tampoco considera ilícita la documentación sobre cuestiones internas aportada a la causa por el denunciante porque su relación laboral con Podemos "no ampara el secreto profesional".
Calvente también se refería a una serie de actos, como el cierre del portal de transparencia incumpliendo los Estatutos, que pare el fisal pueden ser "discutibles" desde el punto de vista ético, pero "es claro que no revisten caracteres de delito", lo que también entiende que sucede con los complementos salariales y la suficiencia de la justificación de los gastos de miembros del partido, alegados por el exabogado de Podemos.
El fiscal recuerda que fue la propia formación política quien impuso un límite salarial para todos sus miembros que no excediera tres salarios mínimos interprofesionales, por lo que incumplirlo no es delito. Además, ninguna de las normas aportadas por el denunciante lo sobrepasa en 2019, salvo una persona que tenía a su cargo un hijo de 20 meses.
Otras denuncias
La Fiscalía destaca que Calvente denunció la adjudicación de fondos a #404, porque carecía de avisos legales o de información sobre su titular, que entendía podía ser el diputado Rafael Mayoral, pero no hay "ningún indicio de que se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas", aunque haya "rumores" en Internet. Tampoco se puede investigar el supuesto acceso al ordenador de Marta Flor, si ella misma no lo ha denunciado. Y considera que Podemos utilizó el procedimiento de "urgencia" para la adjudicación del inmueble de su propiedad, porque le vencía su arrendamiento de la calle Princesa, lo que incumple lo que marca su propia normativa de contratación, pero no es delictivo.
Otra cuestión, señala el fiscal, es la diferencia entre el precio de adjudicación de 1.361.055 euros y el de licitación era de 649.936,68 euros, pero considera que "ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera" tal, "sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo".
Tampoco ve indicios el fiscal en los supuestos contratos "fraudulentos" firmados con ABD y en los que, según Calvente, Juan Manuel del Olmo y Rafael Mayoral habrían intervenido como comisionistas, por lo que rechaza incidir en el caso en esa línea.
