El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo solicita dos años de prisión para el diputado del PSC Daniel Fernández; el excalde de Sabadell Manuel Bustos y su hermano Francisco, y la alcaldesa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, por presunto tráfico de influencias. Todos ellos están imputados en el 'caso Mercuri' por amañar presuntamente la contratación por parte del Ayuntamiento de Montcada i Reixac de una exalto cargo del tripartito.
El ministerio público pide, además, para cada uno de ellos una multa de 108.000 euros e inhabilitación de 6 años para ejercer un cargo público. Para Pérez, reclama también otra multa de 3.600 euros y dos años más de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
En su escrito de acusación, el fiscal relata las gestiones llevadas a cabo, reuniones en la sede del PSC de la calle Nicaragua y conversaciones telefónicas entre los imputados para colocar supuestamente en el consistorio a Carmina Llumà, pareja del jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Sabadell y exalto cargo de la conselleria de Política Territorial con el tripartito.
Según el ministerio público, todos ellos utilizaron el cargo que ocupaban, "sabiendo de la ilegalidad" que ello suponía, para "el nombramiento de Carmina Llumà como directora del Área Territorial del Ayuntamiento de Montcada i Reixac, modificando los criterios de selección, en detrimento de la otra candidata, la sra. Meritxell Vargas Sardà".
